Staff
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Alrededor de 900 familias que habitan en colonias al sur de la ciudad buscan regularizar su situación patrimonial y comprar viviendas que estaban abandonadas y que ocupan desde hace 18 años.
La asociación civil de reciente creación “Alianza de Apoyo a Causas Populares Benito Juárez”, integrada por habitantes de varias colonias al sur de la ciudad y presidida por Pedro Domínguez Alarcón y Lorenzo Muñoz, solicitaron ayuda a autoridades locales y federales para que permitan que las familias que ocupan viviendas abandonadas puedan comprarlas.
Se trata de alrededor de 900 familias que se posesionaron de casas abandonadas en las colonias Palmas del Sol y Almera y que ahora piden comprarlas con facilidades de pagos, pero que se han topado con la resistencia de algunas instancias oficiales y con actos amenazantes por parte de algunos despachos jurídicos.
“Nosotros ocupamos viviendas que estaban abandonadas y que nadie quería cuando se caían a pedazos y ahora vienen a amedrentarnos con desalojarnos si no les pagamos lo que quieren”, acusó Jovita Adame, quien habita una casa que estaba en el abandono desde hace 17 años en el fraccionamiento Palmas del Sol.
Otro vecino de la misma colonia relató que personas identificadas como abogados de RDP Despacho Jurídico los amenazaron con dos años de prisión y multas de 50 a 100 días de salario mínimo si no desalojaban sus casas en 24 horas.
“Un abogado de nombre Jesús Muñoz que se identifica como abogado de ese despacho nos amenaza con venir con la policía y sacarnos de nuestras casas. No se trata de que las queramos regaladas, queremos pagar por ellas, pero que nos dejen quedarnos”, explicó.
Pedro Domínguez Alarcón explicó que ya hubo un primer acercamiento con el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, quien prometió que ninguna patrulla de la Policía municipal se prestaría para participar en un desalojo en la zona.
“Estas personas quieren pagar por sus casas, por un sustento y quieren vivir tranquilas mientras trabajan para lograrlo”, dijo.
Agregó que por parte de la asociación han iniciado pláticas con directivos de diferentes instancias locales y federales de vivienda para lograr un acuerdo.
“Hemos hablado con funcionarios de Infonavit, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y hemos logrado algunos avances: que las amenazas a los vecinos se detengan, que no se use la fuerza pública para amedrentar, bajar los precios de las viviendas para que los vecinos puedan comprarlas con facilidades de pago y paquetes de subsidio para la vivienda”, señaló.
Domínguez Alarcón explicó que buscan un esquema en el que el Infonavit baje el precio de las viviendas y se las venda en pagos mensuales acordes con la situación económica que guarda cada habitante en el sector.