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El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Para las víctimas es más difícil denunciar un delito cuando quien lo comete es un agente policiaco, tienen la percepción de que no tienen seguridad alguna para buscar justicia, como en los casos en los que policías extorsionan a ciudadanos, indicó el criminólogo, Óscar Máynez Grijalva.
El caso más reciente fue hecho público el sábado pasado, cuando a través de un audio que fue difundido a través de las redes sociales se exhibe un supuesto acto de extorsión cometido al parecer por elementos de la Policía Estatal.
La comisión del posible delito ocurrió en una llamada telefónica que fue grabada por habitantes de Parral el pasado 24 de septiembre, cuando se realizaban los funerales del líder de Coparmex Uriel Loya Deister.
Supuestamente es el momento cuando un presunto comandante de esa instancia policiaca negocia un pago de mil 500 pesos a cambio de entregar una motocicleta que fue asegurada el día del homicidio a un par de sospechosos.
Ciudadanos criticaron lo sucedido en redes sociales, medio por el cual fue difundido el audio, y afirman que agentes estatales incurren en prácticas de extorsión.
“Uno de los problemas que se tienen en México, por los cuales la impunidad está tan elevada, es porque no tenemos policías profesionales, es un problema estructural que tiene el sistema de impartición de justicia y, además, hay una gran desconfianza ganada a pulso hacia la policía”, declaró.
El ciudadano común, dijo, tiene a los agentes en un grado de confiabilidad muy bajo.
Indicó que en Estados Unidos están dotando de cámaras de video a los policías para evitar que cometan abusos porque el sistema los protege necesariamente.
En el caso revelado este fin de semana, dijo, por fortuna está grabado el supuesto intento de extorsión.
La ciudadanía tienen razón porque no hay confianza en la policía, muchas veces cuando la gente denuncia sabe que se van a enterar los criminales, añadió.
Recordó que hace tiempo se instauró una estrategia para denunciar pistas de feminicidios, pero se tuvo que triangular para que atendieran las llamadas en El Paso porque en México nadie hablaba por desconfianza hacia las autoridades.
“La sociedad mexicana está convencida, con razón o sin razón, que las autoridades están coludidas con los criminales, en todos los niveles, entonces para qué denunciar si los están protegiendo o son ellos mismos”, argumentó.
Aunque algunos casos de extorsión por parte de elementos policiacos se judicializaron, las víctimas terminan retirando la denuncia.
Por ejemplo, en febrero pasado un locutor que acusó a policías de quererlo extorsionar finalmente les otorgó el perdón en una de las audiencias del proceso.
El hecho ocurrió en octubre del 2017, cuando los servidores públicos le solicitaron a la víctima 4 mil pesos para evitar detenerlo porque el vehículo en el que transitaba presuntamente presentaba un holograma del estado de Texas falso.
“La verdad es que a mí me gustaría otorgarles el perdón a los tres agentes de la Policía Ministerial. En todo este tiempo hay una cosa que estuvo en mi corazón por mucho tiempo y…”, dijo el hombre sin poder acabar la frase porque, visiblemente molesto, el juez le inquirió: “¿Ha sido usted intimidado de alguna manera? “No, de ninguna manera”, respondió.
Otro hecho similar se ventiló en la Ciudad Judicial en noviembre del 2017, cuando el agente de la Policía Ministerial Investigadora (PMI), Joel Alejandro Díaz Díaz, fue acusado de cometer una extorsión en contra de un elemento de la Fiscalía de Ejecución de Penas.
La denuncia en su contra fue presentada el 12 de mayo de ese año por la víctima de iniciales J.A.G.R., quien dijo que dos meses antes el acusado se presentó en su domicilio para pedirle 30 mil pesos para omitir la detención de dos de sus hijos y un yerno, quienes horas antes fueron asegurados, pero luego puestos en libertad porque no había delito que perseguir.
“La verdad es que andamos sobre el billete, más o menos 30 a 35 mil pesos, y que si los tenía de perdida les diera unos 30 mil pesos para que se olvidaran del asunto de mis hijos por un tiempo pero que podían volver en un determinado tiempo”, declaró la víctima.
Antes, en agosto del 2017, tres agentes de la Policía Estatal Procesal (PEP) fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión.
Jaime Balderrama Herrera, José de Jesús Carrasco González y el comandante Rafael Fabián Vergara Rojas abordaron a su víctima el 22 de agosto de ese año cuando circulaba a bordo de una Nissan Armada modelo 2005 negra con rines de lujo sobre la calle Bernardo Norzagaray.