Cambios políticos desatan violencia

Sandra Rodríguez Nieto
El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El aumento en la cantidad de asesinatos dolosos en el estado –registrado a partir de 2016– ha sido consecuencia de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, de acuerdo con las autoridades.
Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado muestran, sin embargo, que algunos repuntes se han presentado en períodos de cambio en los distintos niveles de poder político y, también, en las zonas intervenidas por el Gobierno del Estado.
El mayor aumento de asesinatos de 2016 se registró en octubre, durante los cambios de gobierno tanto estatal como municipales, caracterizados por disputas por el control de los cuerpos policiacos como el generado entre el gobernador Javier Corral y el alcalde de Juárez, Armando Cabada, a causa del nombramiento del ex fiscal general Jorge González Nicolás en la Secretaría de Seguridad Pública.
El indicador estatal de homicidios marcó un aumento de 143 víctimas en septiembre a 209 el mes siguiente.
En la zona occidente de la entidad, entonces bajo presunto control del capo de La Línea Arturo Quintana, alias “El 80”, la violencia se agudizó a partir de febrero de 2017, cuando el Gobierno del Estado decretó tomar la seguridad pública de siete municipios, desde Madera hasta Cuauhtémoc y, por no aprobar controles de confianza, removió al 40 por ciento de los policías locales.
El saldo en asesinatos fue de 177 entre febrero de 2016 a enero de 2017, a 348 en el mismo período a partir de la intervención del Estado, un aumento del 96 por ciento.
Otro pico en los indicadores ocurrió en Juárez entre mayo y agosto pasados, cuando la cifra de 70 víctimas de abril pasó a 136 al mes siguiente, manteniendo la tendencia al alza en medio de lo que las autoridades explicaron como una guerra interna de la pandilla “Los Aztecas”.

La política, sin embargo, también estuvo presente en este aumento e incluso así lo planteó el alcalde Armando Cabada en diferentes ocasiones: “Se ha avanzado en la investigación de quien está promoviendo todo esto, tenemos ya el dato del nombre de la persona que lo está haciendo; obviamente es gente ligada al crimen organizado”, dijo el hoy alcalde reelecto en conferencia de prensa en junio pasado, semanas antes de la elección.

“Y lo que queremos es conseguir las pruebas de su relación con un proyecto electoral de un candidato que busca esta posición. Teniendo las pruebas se las vamos a presentar y diremos con toda claridad de quién se trata, porque esto es muy delicado”, agregó entonces.
El análisis revisó las cifras de asesinatos dolosos generados mensualmente por la Fiscalía General del Estado, desglosados por zona.

Estado vs Municipio de Juárez
En Juárez, cuando Corral descalificó el nombramiento de González Nicolás al frente de la Policía Municipal de Juárez, el indicador de asesinatos en la Zona Norte marcó un aumento de 60 casos en septiembre de 2016 a 104 en octubre.
Después de un descenso en la violencia en 2017, cuando los crímenes marcaban sobre todo la capital del estado y la zona occidente, en Juárez volvió a partir de mayo de 2018 un repunte sin precedentes en los cinco años anteriores, de casi un cien por ciento, al pasar de 70 víctimas en abril a 136 los 30 días siguientes.
La tendencia se mantuvo al alza los meses posteriores –todos con cifras por encima de las 180 víctimas– como junio, julio y agosto pasados con 185, 182 y 187 casos respectivamente.
El período también coincidió con la elección por la presidencia municipal y su posterior disputa legal de dos meses, y declinó justo después de la definición dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de Cabada en septiembre, cuando en los primeros 19 días se registraron 59 asesinatos.

Avanza la Gente Nueva
Uno de los territorios más afectados por el aumento de la violencia y sobre todo por el registro de crímenes de carácter político es la Zona Occidente, donde la gráfica de asesinatos marca un aumento a partir de febrero de 2017, cuando inició la intervención del Estado, contabilizando 19 caso ese mes hasta llegar a 54 en junio.
“El fenómeno delictivo actual tiende a regionalizarse no sólo en el municipio de Madera, en donde en el año 2016 acontecieron, entre otros delitos, 11 homicidios dolosos, circunstancia que también afecta en ayuntamientos aledaños como Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes”, planteó el decreto que ordenó el reemplazo de responsabilidades de seguridad pública el 18 de febrero de 2017.
La justificación del Gobierno estatal fue que “el crimen organizado ha estado operando en esos lugares sin que las policías municipales puedan hacer un frente efectivo contra los desplazamientos de grupos armados en esa región, por lo que es de suma importancia que el Gobierno estatal asuma un control del territorio”.
La medida, sin embargo, tampoco contuvo las actividades criminales y en cambio provocó cifras de víctimas mensuales superiores a las registradas antes de la intervención del Estado, de un promedio de 15 casos mensuales antes del decreto a 29 en los meses siguientes.
A ese contexto le siguió una de las mayores cantidades de asesinatos de carácter político: el del tesorero municipal y militante panista de Ignacio Zaragoza, Guadalupe Payán, en marzo de este año; el de la candidata a regidora perredista del mismo municipio Liliana García, en mayo siguiente y, este mes de septiembre, el atentado contra el doctor Blas Godínez, electo alcalde en Valentín Gómez Farías luego de iniciarse en la política por el secuestro de su padre, también médico.
“No esperábamos tener pérdidas humanas o bajas tan lamentables, pero sí había una perspectiva del escenario a enfrentar (…) Se generó un costo social importante, sí, pero valió la pena”, dijo en 2017 la entonces fiscal especializada en Control Análisis y Evaluación del Estado, Erika Jasso.
Otro resultado de la intervención oficial fue la disminución de la presencia del grupo delictivo “La Línea”, cuyo presunto dirigente en la región, “El 80”, fue detenido en mayo por el Gobierno federal.
El grupo contrario, mientras, continuó expandiéndose, y así lo planteó incluso el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, en un comentario enviado a El Diario en mayo pasado: “Al avanzar los de Sinaloa van replegando a ‘La Línea’, con quienes han tenido varios enfrentamientos (como en) Largo Maderal-Las Varas-Gómez Farías”. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)
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