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El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control ayer validó la inspección judicial realizada sin orden de cateo al rancho donde se localizó inhumado de forma clandestina el cadáver de Angélica López González, quien presuntamente fue quemada y asesinada por su esposo Rubén Durán Ortega.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) cuando las autoridades investigadoras ingresan a un inmueble sin la orden de cateo expedida por un juez, deben en el plazo de los siguientes cinco días solicitar audiencia a un Tribunal de Control para que el propietario ratifique que dio su consentimiento.
Angélica fue privada de la vida entre las 00:30 y las 07:00 horas del pasado 8 de septiembre en un terreno no urbanizado y que se localiza a 11 kilómetros al este del centro de la ciudad de Ahumada, Chihuahua –conocido como predio Santa Teresa–.
De acuerdo con la acusación formulada por parte del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género, Durán Ortega golpeó a su esposa Angélica López González con un objeto, después le prendió fuego y la enterró.
La causa de muerte de la víctima fue hemorragia cerebral traumática y al rendir declaración ante el MP Durán estableció que al comenzar a quemarse la víctima “se movió poquito”.
Ayer compareció ante el juez de Control, Alberto Ocón Campos, una agente del MP quien señaló que esa autoridad le solicitó al propietario del rancho Santa Teresa que les permitiera el acceso toda vez que se temía que el cuerpo Angélica López se hallara en ese lugar, enterrado de forma clandestina. La sospecha surgió a raíz de la búsqueda realizada por los familiares de la mujer, quienes vieron en ese lugar un montículo con restos de un incendio.
El hermano de Rubén Durán Ortega es quien labora en esa propiedad y de acuerdo con una declaración rendida por él ante el MP el pasado 8 de septiembre vio, a lo lejos, que un vehículo estaba ingresando al rancho. Por lo que tomó una camioneta y se acercó al punto, cuando estaba llegando vio que era su hermano y alcanzó a ver fuego pero únicamente le preguntó qué pasaba y él lo corrió del punto.
Ayer el dueño del rancho denominado Santa Teresa le dijo al juez que él autorizó la entrada de policías ministeriales y agentes del MP a su propiedad.
Por lo que el juez validó la inspección judicial.