Miguel Vargas/
El Diario de Juárez
Elementos del Ejército Mexicano intervinieron ayer las instalaciones de la Fiscalía estatal en esta ciudad y en el Valle de Juárez para revisar más de 600 armas asignadas para el uso y protección de los agentes ministeriales.
La presencia militar en la Fiscalía fue justo un día después de que el gobernador Javier Corral Jurado expresara a los medios de comunicación en una conferencia improvisada que las fuerzas federales aportaban poco al estado.
Alejandro Ruvalcaba informó que el operativo de revisión de la licencia colectiva lo hacen los militares de manera ordinaria al menos una vez al año.
Los militares llegaron desde temprana hora y se instalaron en una de las oficinas de la parte posterior del edificio del eje vial Juan Gabriel y Sanders. Solicitaron a los mandos ministeriales pasar uno a uno a los agentes investigadores para revisar su portación oficial y sus armas.
Ruvalcaba informó que serían revisadas 614 armas largas y 614 cortas y que el operativo militar podría extenderse hasta el lunes.
Los elementos deben de tener vigente la portación de cada arma que se les asigna para evitar el robo, mal uso y uso de armas no autorizadas en corporaciones oficiales, según se informó.
Agentes de la corporación estatal aseguraron que el trato de los castrenses fue despótico al realizar su trabajo.
La inspección del armamento coincidió con los señalamientos hechos ayer por el gobernador Javier Corral donde refirió que había un constante abandono de las fuerzas federales en la entidad.
“Realmente la federación no ha querido asumir el papel que le corresponde”, dijo el jueves Corral Jurado a los medios de comunicación que le cuestionaron sobre el papel del Ejército en las tareas de seguridad en Chihuahua.
También el fiscal de la zona occidente, Manuel Carrasco Chacón, criticó recientemente que tras la emboscada que sufrieron agentes del CES en Bocoyna el Ejército se mantuvo pasivo y al margen.
La agresión contra los elementos estatales, donde murieron cuatro de ellos, el pasado viernes 7 de septiembre, no encontró el respaldo del Ejército, cuyos elementos mantienen un campamento en las proximidades del municipio serrano donde ocurrieron los hechos, según se denunció.
El fiscal de Occidente lamentó esa acción en conferencia de prensa al señalar que “si bien no les corresponde (a los militares) la vigilancia preventiva, es del orden civil, como institución, como uniformados, con ese juramento y deber patriótico, siendo corporaciones militares y civiles tenemos que atender un llamado de ese tipo”.
A su vez el comandante de la Guarnición Militar, general brigadier, Fernando Gómez, refirió que las fuerzas castrenses no participan en operativos conjuntos con la Comisión Estatal de Seguridad (CES) porque no se han seguido los protocolos por el gobernador.
Comentó que para que las fuerzas federales intervengan en apoyo con autoridades civiles los ejecutivos deben solicitarlo al presidente de la república por conducto de la Secretaría de Gobernación.