Luz del Carmen Sosa/
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— La rigidez en el horario de entrada al Centro de Atención Múltiple (CAM) número 22 “Rotario Juárez Oriente”, ubicado en la colonia Progresista, confrontó a padres y madres de familia con autoridades educativas; los padres de familia demandaron tolerancia ante la imposición de acuerdo de convivencia 063 que obliga a los 50 estudiantes a ingresar antes de las 8 de la mañana a la institución.
Los afectados plantearon que la mayoría de los alumnos radican en zonas habitacionales lejanas a la escuela y los padres deben llevar a sus demás hijos a otros planteles, por lo que al acumular retrasos se les impide el acceso al CAM y ante las faltas, algunos alumnos están en riesgo de ser dados de baja.
Inconforme, el grupo de padres demandó por medio de la protesta pública la salida de la directora Virginia Calvillo, quien tiene dos años al frente del CAM.
Los quejosos afirmaron que no han logrado establecer una relación cordial con la mentora a la que, incluso, acusaron de omisa al atropellar el ciclo escolar pasado a una estudiante “por andar a prisa en zona escolar”, lo que fue confirmado por parte de la madre de la menor afectada.
Edna Verenice Encerrado Saldaña, enlace de Educación Especial en la Zona Norte e Irasema Lazo Varela, supervisora de la Zona 9 de Educación Especial, dialogaron con los padres de familia y acordaron la suspensión temporal de la maestra, así como también se ofreció a los padres un poco de tolerancia para evitar afectar los estudiantes.
Esto en atención a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantiza la educación a esta población vulnerable.
En tanto los padres se comprometieron a evitar los retrasos en medida de las posibilidades del estado de salud y emocional de los estudiantes.
El CAM ofrece atención escolarizada integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares.
En el CAM, la práctica educativa de sus profesionales se enmarca en el Plan y los Programas de estudio vigentes de Educación Inicial, Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) y se atiende a población desde los 43 días de nacidos hasta los 18 años.
Cuentan con transporte especial, carecen de chofer y gasolina.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) busca reconocer los derechos humanos de ese sector y establecer las políticas públicas necesarias para garantizar su ejercicio.
En ella se asegura el acceso de Personas con Discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, transporte, información y las comunicaciones, además de otros servicios e instalaciones abiertas al público de uso comunitario, tanto en zonas urbanas como rurales. También establece los principios que deberán observar las políticas públicas como la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con alguna deficiencia y su derecho a preservar su identidad.
Actualmente el CAM 22 es uno de los centros que cuenta con dos vehículos para el transporte de los estudiantes que, inicialmente sería utilizado para el traslado seguro de los alumnos de su casa a la escuela y viceversa.
Sin embargo, Irasema Lazo Varela, supervisora de la Zona 9 de Educación Especial, explicó que el transporte adaptado para niños con discapacidad no se puede utilizar por se carece de chofer y los recursos económicos para la compra del combustible y el mantenimiento de los dos vehículos.
“Sí se usan los vehículos para alguna excursión o paseo, pero a riesgo del personal que lo maneja porque se carece de chofer y de recursos para gasolina”, dijo Lazo Varela.
Agregó que también hace falta un especialista en sicología y otro en trabajo social.
“El uso de esas unidades serían de mucho apoyo para los padres de familia que tienen que llevar a sus otros hijos a las escuelas y luego dirigirse a su trabajo”, planteó Heriberto Orozco, uno de los padres inconformes.
Los vehículos permanecen varados dentro del edificio escolar, cuando el objetivo era el traslado seguro de los estudiantes, pues algunos niños son llevados hasta en transporte público.
Los quejosos y las autoridades educativas acordaron reunirse este lunes, ese día no habrá clases, para analizar nuevamente el acuerdo de convivencia para el ciclo escolar 2018-2019, abordar la constitución de la asociación de padres de familia; en tanto la directora Virginia Calvillo fue separada de sus actividades, para ser sujeta a una investigación interna ante las quejas presentadas por escrito por parte de los padres de familia. (Luz del Carmen Sosa)
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