Javier Olmos
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— El anuncio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que mantendrá al Ejército en las calles fue repudiado por activistas juarenses que en su momento rechazaron la militarización en la frontera.
“Es en la práctica seguir avalando la estrategia de combate a la inseguridad de los dos últimos sexenios, que ha sido un real y verdadero fracaso”, reprochó Erick Urízar, activista antimilitarización y autor de una tesis sobre la Operación Conjunta Chihuahua.
Como Urízar, el también activista Gero Fong lanzó duras críticas contra López Obrador al señalar que su postura, después de que en campaña prometió regresar a la milicia a sus cuarteles, es una muestra clara de que no escucha a los mexicanos.
“Lamentablemente dice los mismos argumentos que dieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para mantener al Ejército en las calles”, comparó.
El futuro mandatario federal se reunió el miércoles y el viernes con los secretarios de Marina y la Defensa Nacional y ayer afirmó que los soldados y marinos seguirán enfrentando la violencia y la inseguridad porque las policías “no están preparadas”.
A eso le agregó que no hay otra alternativa más que mantener al Ejército en las calles. “No hay opciones, no hay alternativa. No podríamos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y la violencia”, señaló el tabasqueño en conferencia.
En reacción a sus declaraciones, los activistas fronterizos coincidieron en que hay cifras y datos duros que muestran que tanto en Juárez como en el resto de la República la presencia de los militares ha coincidido con un repunte de los índices criminales. En contraparte, aseveraron los dos que debe haber una abrogación inmediata de la Ley de Seguridad Interior, planteamiento con el que están de acuerdo incluso militantes de Morena que así lo manifestaron durante los foros de pacificación nacional que se realizaron a principios de agosto.
Precisamente la ley, aprobada por el legislativo en diciembre de 2017, ha sido criticada porque a decir de activistas y especialistas, pone en riesgo los derechos humanos de la población, al permitir a las Fuerzas Armadas tomar el control de la seguridad en determinadas situaciones y lugares.