Luz del Carmen Sosa/
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Desde su creación y hasta la fecha, la Coordinación Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas del Estado (FAARVE) sigue sin ejercer casi 50 millones de pesos destinados a la reparación integral de las víctimas, los cuales están contemplados en el presupuesto de egresos del Gobierno estatal para el ejercicio fiscal del 2018.
“Esto es debido a que las solicitudes y sentencias se encuentran en trámite de revisión”, informó la FGE a través de la Plataforma Nacional de Información.
El informe menciona que hasta el momento, el FAARVE sólo ha erogado dos millones de pesos en gastos generados por la implementación de medidas de urgencia, ayuda y asistencia, como fue el pago del servicio funeral de David Rafael Santillán Vargas, asesinado tras ser privado de la libertad por un vecino.
Según los lineamientos de operación del presupuesto de subsidios, sólo por concepto de gastos funerarios la CEAV destina cuatro mil pesos, sin embargo, esta cantidad puede ser modificada atendiendo a la naturaleza del delito, gravedad y/o situación de vulnerabilidad que se encuentre la víctima.
“La CEAV es una instancia que apoya en los momentos inmediatos y canaliza a las víctimas a los servicios de salud o de educación, pero no se subsume en la responsabilidad económica de la familia”, precisó el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.
Datos estadísticos de la FGE establecen que en la administración estatal han sido asesinadas en Ciudad Juárez un total de mil 817 personas hasta el jueves 23 de agosto, pero la CEAV no dio a conocer cuántas familias agraviadas han sido apoyadas en el pago de los servicios funerarios de su ser querido.
El presupuesto
El Gobierno del Estado publicó en el pasado 27 de diciembre de 2017 que el 0.07 por ciento del presupuesto de egresos estaría designado al FAARVE, es decir 50 millones de pesos, los cuales se otorgarían según los criterios de priorización a la población objetivo.
Es decir, a las víctimas de la comisión de un hecho delictivo o que hayan sido vulneradas en sus derechos, en casos de delitos graves como el homicidio doloso, secuestro, extorsión, privación de la libertad, delitos sexuales, violencia familiar.
También califican para este fondo, por situación de víctimas y bajo condiciones de vulnerabilidad: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas, personas en situación de desplazamiento, personas con discapacidad, personas migrantes, personas adultas mayores, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, en situación de pobreza.
Así como las víctimas en alto riesgo, el cual se determina mediante el análisis realizado por personal de la CEAVE a través de la aplicación de la herramienta denominada “valoración de riesgo”, además de los casos de litigios internacionales o en el cumplimiento a alguna sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Incluye también aquellos casos en los que se ordene la implementación y seguimiento de medidas cautelares y provisionales dictadas por organismos protectores de los derechos humanos, locales, nacionales e internacionales.
Comisión costosa
El reporte de la CEAV establece que el presupuesto anual asignado desde su inicio fue de 16 millones 389 mil 957 pesos sólo para gastos de operación. Para este año la aportación aumentó a los 19 millones de pesos por el mismo concepto.
A cargo de la Comisión se encuentra Irma Antonia Villanueva Nájera, quien fue designada encargada del despacho y la toma de protesta la hizo el gobernador Javier Corral Jurado.
Actualmente la CEAV cuenta con personal para atención en el Estado consistente en 52 asesoras y asesores jurídicos, adscritos a las cuatro coordinaciones regionales de las zonas Centro, Sur, Norte y Occidente.
Este personal, que sólo atiende a un mínimo porcentaje de víctimas, ya está saturado.
Por ejemplo, en la Zona Centro cada asesor tiene asignadas 130 víctimas, en la Zona Norte son 39 víctimas por asesor, 25 en la Zona Sur y 19 en la Zona Occidente.
“La CEAV otorga apoyos temporales, no permanentes. Trata de ayudar a que las víctimas recuperen sus capacidades. No atiende al 100 por ciento de las víctimas pero sí trata de atender a todos los que solicitan algún tipo de apoyo”, precisó Peniche Espejel.
Aceptó que esta Comisión no siempre cumple las expectativas de las víctimas del delito “porque a veces hay una idea de que la CEAV podrá resolver todos sus problemas y no es así”.
¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
Según los lineamientos de operación para la aplicación del presupuesto de subsidios, pueden ser beneficiadas las personas en situación de víctima por la comisión de un delito por el cual se haya iniciado un procedimiento penal, lo cual se deberá acreditar con oficio emitido por el Ministerio Público.
Las personas víctimas de la violación a sus derechos humanos y que exista una queja ante algún organismo protector de los derechos humanos local, nacional o internacional por hechos en los que se encuentren involucrados servidores públicos de la FGE.
Aquellos beneficiarios de medidas cautelares y provisionales, dictadas por organismos protectores de los derechos humanos, locales, nacionales e internacionales.
Ser beneficiario en una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aquellos en situación de riesgo.
“Los apoyos materiales estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal con la que se cuente en la CEAV”, precisan los lineamientos.
50 mdp recursos para víctimas
19 mdp gastos de operación
¿Quiénes pueden recibir ayuda?
• Víctimas de la comisión de un hecho delictivo
• Personas que hayan sido vulneradas en sus derechos
Afectados en casos de delitos graves como:
• Homicidio doloso
• Secuestro
• Extorsión
• Privación de la libertad
• Delitos sexuales
• Violencia familiar
Aquellos en condiciones de vulnerabilidad como:
• Niñas
• Niños
• Adolescentes
• Mujeres
• Personas indígenas
• Personas en situación de desplazamiento
• Con discapacidad
• Migrantes
• Adultos mayores
• Defensores de los derechos humanos
• Periodistas
• Personas en situación de pobreza
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