Fernando Aguilar/
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Vecinos de la colonia Puerto Anapra exigieron que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) resuelva el añejo problema de agua salada que enfrentan en esa zona del noroeste de la ciudad.
Los colonos protestaron afuera de las instalaciones donde ayer se llevaba a cabo el tercer foro de propuestas para la elaboración del Plan Estatal Hídrico 2040 para llamar la atención de las autoridades de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).
José de Jesús Durón, presidente del Frente del Derecho al Agua de la colonia Puerto Anapra, se quejó de que, pese a que entregaron sus demandas por escrito a la JMAS, el organismo descentralizado ha sido omiso en responderles, lo que, dijo, viola el artículo 8 constitucional que consagra el derecho de petición.
“Vamos a proceder con el presidente de la Junta para que nos responda ante una instancia legal, ya que no lo hace”, aseguró. “Él es un funcionario público y nos debe dar un servicio adecuado. Si no nos contesta un simple escrito, menos nos resuelve la situación del agua salada en Puerto Anapra, que está entrando en crisis”.
Jorge Domínguez Cortés, presidente de la JMAS, no estuvo disponible ayer por la tarde para ofrecer una postura sobre este reclamo.
A principios de julio del año en curso, los integrantes del Frente del Derecho al Agua interpusieron ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) una queja en contra de la JMAS por considerar que violenta la Constitución al dotarlos de agua salada y no potable.
“Estamos iniciando un ciclo escolar y los niños vuelven otra vez a estar tomando de los bebederos esa agua salada. El mismo biólogo y el director técnico de la Junta han declarado que es nociva para la salud”, dijo Durón.
Como el agua que se distribuye en Puerto Anapra incumple la Norma Oficial Mexicana 127, la JMAS entrega agua gratuitamente en cinco módulos de ósmosis inversa ubicados en las inmediaciones de la colonia.
No obstante, los vecinos refieren que el líquido que se regala en estas casetas resulta insuficiente para las necesidades de todas las familias, por lo que exigen a la JMAS otro tipo de solución al problema.
De acuerdo con Durón, son cerca de 6 mil personas las que se enfrentan al agua salada que sale de las llaves domésticas en Puerto Anapra.
“La Junta de Aguas es un violador del derecho de los niños al agua. Tiene un desprecio soberano por la salud de los niños. No hace nada por subsanar eso”, se quejó el representante del movimiento popular.
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