Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez.- El féretro donde reposan los restos del niño David Rafael Santillán Vargas, de 6 años, salió de la iglesia San Judas Tadeo, donde el párroco ofició la misa de cuerpo presente.
Personas cercanas a los padres del menor asesinado, tras ser privado de la libertad, impidieron el acceso a los medios de comunicación.
Tampoco permitieron el acceso a la funeraria Perches.
El cortejo se traslada al cementerio particular Recinto de la Oración, donde será sepultado en una ceremonia privada.
Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la institución cubrió la totalidad de los gastos del servicio a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE).
El costo de los servicios fue reservado por el servidor público.
Descartó que la FGE condicionara el apoyo a la familia del menor asesinado, al trascender que el personal de la CEAVE objetó la intención de la madre y la abuela de dar declaraciones a los representantes de los medios de comunicación para no dañar la imagen de la institución ante los nulos resultados obtenidos en la búsqueda de menor desaparecido y ahora del homicida.
Ruvalcaba Valadez dijo que el personal de la CEAVE esta integrado por un equipo de profesionales que asiste a las víctimas y valoran el impacto sicológico que sufren, por lo que recomiendan la no exposición de las víctimas a medios.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, ésta calidad se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos, ya sea de manera individual o colectiva, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.
La CEAVE divide la operación en tres temáticas, entre ellas: el Registro Estatal de Víctimas, donde se contabilizan e identifican las necesidades de las personas o colectividades y se aborda el plan de atención y asistencia.
Además, las áreas de asesoría psicológica, jurídica y trabajo social; espacio en el que especialistas brindan las herramientas para sobreponerse emocional, física y patrimonialmente, mientras se constatan las medidas de reparación integral del daño, para lo cual se tiene asignado un fondo.
Según su titular, Irma Villanueva Nájera, la instrumentación de este fondo es una deuda histórica con personas que han sufrido algún delito o una grave violación a sus derechos humanos.