Martín Orquiz
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Abogados juarenses interpusieron una denuncia contra el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de encubrimiento por favorecimiento debido a que declaró conocer el nombre de quien comete homicidios en la ciudad y omitió informar a la autoridad investigadora.
Ramón Domínguez Perea y Javier Sánchez Sánchez, quienes en mayo pasado denunciaron también al comisionado de Seguridad Estatal, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, por “abandonar” a los ciudadanos del municipio de Ignacio Zaragoza cuando hombres armados mataron civiles y quemaron negocios, interpusieron la querella contra la autoridad municipal el pasado 6 de agosto.
La denuncia quedó registrada con el número 37-2018-0028950.
Ayer se solicitó la postura del presidente municipal con relación al hecho, pero personal a su cargo comentó que estaba ocupado y que si consideraba realizar alguna declaración al respecto lo haría saber a El Diario, lo que no ocurrió.
En su exposición, los litigantes indican que Cabada Alvídrez manifestó de forma pública, a través del Canal 44 que: “Hay gente, que tenemos ya el nombre de quien está promoviendo esa violencia y está pagando por cada ejecución”.
Lo expresado por la autoridad municipal, argumentan, es la aceptación de que sabe y le consta quién es el responsable de la autoría de los homicidios en la ciudad.
“Por ende, no sólo como ciudadano, sino como el principal responsable de la seguridad y la paz en el municipio de Juárez… es su obligación ponerlo en conocimiento de autoridad competente y evitar con ello la comisión del delito en mención”, indican.
Afirman que al ser omiso, entonces incurre en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Ese ilícito es específico y autónomo, que prevé la existencia de un delito anterior y que no se haya intervenido o tomado parte en aquel.
“La conducta desplegada por el señor Armando Cabada Alvídrez, presidente municipal de Ciudad Juárez, satisface en extremo la hipótesis prevista por el artículo 316 del Código Penal de Chihuahua”, establecen en su acusación.
Los abogados anexaron como medio probatorio un USB que contiene las imágenes y el audio de la entrevista que contiene la declaración del funcionario.
Domínguez Perea y Sánchez Sánchez ya habían denunciado al comisionado de Seguridad en mayo pasado y a 15 policías estatales.
La querella se generó por la incursión de hombre armados a principios de ese mes en Ignacio Zaragoza, donde mataron a ocho personas, hirieron a varias más y quemaron negocios.
Aparicio Avendaño declaró que dio instrucciones a los agentes para que no intervinieran para contrarrestar la agresión.
Los litigantes argumentaron que la actitud del funcionario configura el delito de abandono del deber público contemplado en el artículo 214 del capítulo 2, relativo al ejercicio indebido de servicio público, del Código Penal federal.
Sin embargo, la querella fue declinada por el Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas, la Fe Pública y Adecuado Desarrollo de Justicia.