Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez
El Estado Mexicano aún está en deuda con mi hija, conmigo y con miles de mujeres desaparecidas y asesinadas, eso diré ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), reflexiona Irma Monreal Jaime, minutos antes de abordar el avión que la llevará a la Ciudad de México, para luego trasbordará y viajar a San José, Costa Rica.
La madre es la única víctima mexicana que estará presente en la conmemoración del 40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizarse los días 18 y 19 en aquel país.
Fue invitada a participar, junto a otros familiares de víctimas de desaparición forzada u homicidio, para a exponer su experiencia.
La mujer que se convirtió en activista social desde hace un par de décadas exige justicia de manera permanente para su hija y las otras siete mujeres localizadas muertas en un campo algodonero, ubicado en las avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria.
“Voy a pedir que se le siga presionando al Gobierno de México para que continúen las investigaciones del caso de mi hija, que se dé con los responsables porque después de tanto año, con las investigaciones realizadas no hay un culpable, sí ha habido detenidos y los han dejado libres por falta de evidencias”, dice Monreal Jaime.
Recuerda que el 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron localizados ocho cuerpos de mujeres. Entonces las autoridades anunciaron el 9 de noviembre las identidades las víctimas. En el año 2006, por exigencia de las madres ante las graves irregularidades en el proceso de identificación de los cuerpos, solicitaron la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que realizara los peritajes adecuados en siete de los ocho cuerpos.
El peritaje determinó que la identidad de las victimas era: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia y ua mujer permanece todavía como no identificada.
En el caso de Claudia Ivette González, su identificación fue realizada sólo por las autoridades mexicanas, mientras que por varios años tres de las víctimas habían sido identificadas como Guadalupe Luna de la Rosa, Bárbara Aracely Martínez Ramos y Verónica Martínez Hernández, dos de las cuales continúan en calidad de desaparecidas y en el caso de la tercera víctima sus restos fueron localizados entre los archivos.
Años después y ante las irregularidades la CIDH emitió la sentencia refiriendo las violaciones a derechos humanos de tres mujeres en particular y sus familiares; reconoce que la reparación del daño debe de implicar a más personas.
Ivonne Mendoza, directora de Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (CEDIMAC), quien acompañó a la madre de familia al aeropuerto, expone que se tiene la esperanza en el nuevo gobierno que encabezará Manuel López Obrador, ya que el Gobierno del Estado incumplió en los compromisos contraídos de investigar, de prevenir y de reparar el daño a las víctimas.
Su caso
Esmeralda Herrera Monreal, tenía 15 años cuando desapareció el 29 de octubre de 2001. Había salido de su empleo como trabajadora doméstica en una vivienda del fraccionamiento De Rey y se dirigía a su casa, ubicada en la colonia Granjas de Chapultepec, cuando la privaron de su libertad.
Hasta el 6 de noviembre fue localizado su cadáver junto con otros dos cuerpos, de quienes después serían identificadas como Claudia Ivette González y Berenice Ramos Monárrez.
Los cadáveres en estado de descomposición fueron arrojados en el campo algodonero ubicado en las avenidas Paseo de la Victoria y Prolongación Ejército Nacional a una distancia de 30 metros.
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