Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez
El dolor por la desaparición de su hija, por encontrar su cuerpo mancillado días después de una nula búsqueda y el trauma por comparecer ante autoridades investigadoras poco solidarias y efectivas, forman parte de la pesadilla que Irma Monreal Jaime vivió a partir del 29 de octubre del 2001 hasta hoy.
Para la madre de familia la justicia para su hija y otras siete víctimas localizadas el 6 de noviembre en el campo algodonero, ubicado en la avenida Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, aún no llega pese a la sentencia contra el Estado Mexicano emitida el pasado 10 de diciembre del 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El incumplimiento en que incurren las autoridades será parte del planteamiento que Irma Monreal haga este miércoles, cuando participe como invitada a la conmemoración del 40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizarse los días 18 y 19 en Costa Rica, por lo que este martes al mediodía sale de Ciudad Juárez.
En la inauguración del evento “Éxitos y desafíos en los sistemas regionales de derechos humanos” estarán presentes Eduardo Ferrer Mac Gregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Margarette
May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Sylvain Oré, presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; Guido Raimondi, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Thomas Buergenthal, presidente honorario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y
Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica.
Irma Monreal participará el día 19 en el panel "Protegiendo los Derechos Humanos. La voz de las Víctimas", en el que participarán familiares de víctimas y/o víctimas de varios países y la madre de Esmeralda es la única representante por México, informó Ivonne Mendoza, directora de Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (CEDIMAC).
Esmeralda Herrera Monreal, tenía 15 años cuando desapareció el 29 de octubre de 2001. Había salido de su empleo como trabajadora doméstica en una vivienda del fraccionamiento De Rey y se dirigía a su casa, ubicada en la colonia Granjas de Chapultepec, cuando la privaron de su libertad.
Hasta el 6 de noviembre fue localizado su cadáver junto con otros dos cuerpos, de quienes después serían identificadas como Claudia Ivette González y Berenice Ramos Monárrez.
Los cadáveres en estado de descomposición fueron arrojados en el campo algodonero ubicado en las avenidas Paseo de la Victoria y Prolongación Ejército Nacional a una distancia de 30 metros.
El cuerpo de la menor llevaba atadas de las muñecas con dos cintas de zapatos unidas entre sí que también le rodeaban la cintura y se estableció que la menor fue asesinada
la noche del 29 de octubre y la madrugada del día 30 de ese mes.
Por el estado de descomposición, los médicos forenses no lograron determinar la causa de muerte, aunque se determinó que fue asfixiada o murió por la lesión que se le ocasionó en el cuello, de acuerdo con datos oficiales.
El 6 de marzo del 2002, Irma Monreal Jaime, Benita Monárrez y Josefina González, junto con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C., el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, presentan la denuncia a la CIDH.
El 10 de diciembre del 2009 la CIDH notifica la sentencia e informa que encontró responsable al Estado Mexicano por violaciones a los derechos humanos.
CEDIMAC es una de las organizaciones que ha manifestado el aumento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres, mientras que el Estado Mexicano no garantiza la no repetición de hechos, como lo establece la sentencia emitida por la CICD.
Esto debido a que las malas prácticas continúan en la Fiscalía General del Estado (FGE) y porque no hubo una sanción ejemplar contra los malos servidores públicos, planteó anteriormente Ivonne Mendoza Salazar, coordinadora de Casos de Feminicidio de Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac).
“Si el gobernador Javier Corral de verdad quiere hacer un cambio, debe proponer al Poder Legislativo que se revisen y adecúen las leyes para evitar que prescriban delitos como la omisión por parte de los servidores públicos”, consideró la abogada.
“Hay que sancionar a los responsables de los errores del pasado y evitar que vuelvan a ocurrir estos hechos. No debemos olvidar que el dolor social más grande de la ciudad es la impunidad, que los malos funcionarios pueden hacer lo que quieren y no hay nada que se los impida y nada que los haga no reincidir”, sostuvo.
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