Martín Orquiz
El Diario de Juárez
El contrato que la Secretaría de Salud (SS) estatal otorgó de forma directa a Egro Servicios de México, S.A. de C.V. para la adquisición de medicamentos hasta por 80 millones de pesos, resultó un conflicto de principio a fin.
El episodio más reciente de la historia fue la salida del director administrativo, Raúl Hernández, de la dependencia y el adeudo por 20.5 millones que reclama la empresa al Gobierno del Estado.
Personal del área de Comunicación Social de la SS indicó que hasta ayer no había alguna declaración o postura oficial acerca de la situación que se guarda en relación con el reclamo monetario.
Archivos periodísticos refieren que la SS otorgó el contrato por 80 millones de forma directa a Egro desde el primero de marzo del 2017, aunque la compañía reclama facturas no pagadas tanto de ese año como del 2016.
Hernández dejó de prestar sus servicios a la dependencia desde la primera semana de julio, la versión oficial indica que renunció al cargo, pero información extraoficial establece que fue separado en medio de los conflictos financieros de la instancia.
En junio pasado, Egro presentó una demanda contra el Gobierno del Estado por el adeudo de 20.5 millones de pesos; el abogado de la empresa, Sergio Miller, informó que fue realizada la exigencia de pago con la presencia de un notario público antes de realizar la demanda.
Dijo que la empresa está prácticamente quebrada, sus socios colocaron sus bienes personales como garantía con sus proveedores para tratar de no perder sus líneas de crédito.
El secretario de Salud del Estado, Ernesto Ávila Valdez, comentó entonces que esa firma está en una lista de compañías que deben ser liquidadas por la Secretaría de Hacienda, ya que la deuda está reconocida por las autoridades.
A principios de agosto del 2017, el Congreso estatal aprobó un exhorto para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) auditara la adjudicación directa del contrato de subrogación que otorgó el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) a Egro.
Días después, la SFP inició un procedimiento de investigación y auditoría al contrato otorgado a esa firma a través de un procedimiento llamado “revisión económica”, que implica una petición para que les entreguen los documentos de las dos licitaciones previas al contrato directo.
La solicitud de la Función Pública se originó tras hacerse público que el Ichisal adjudicó sin licitar el contrato por 80 millones de pesos.
También la presidenta de la comisión legislativa en temas de salud, Rocío Sáenz (PRI), llamó al secretario de Salud del Estado a detallar los argumentos y justificaciones del contrato directo otorgado a la empresa.
“No podemos aplaudir que con la anterior radiografía se asuman procedimientos administrativos que pareciera hacen uso a conveniencia discrecional de ley para adjudicar contratos, sin un criterio razonable, y que aun así, los ciudadanos sigamos teniendo tales deficiencias en nuestros servicios de salud”, manifestó.
En diciembre del año pasado, Egro fracasó en su intento por pasar el filtro de revisión de propuestas en el proceso licitatorio realizado en Pensiones Civiles del Estado que concursó por un contrato de 650 millones de pesos.
Finalmente Ávila Valdez, declaró ese mes que no se renovaría el contrato con esa empresa porque incumplió como proveedor al Estado y que se buscarían mejores alternativas para surtir medicamentos.
Buscaban salvar a Salud
En marzo del 2017, la SS asignó de manera directa un contrato de adquisición a la empresa farmacéutica Egro Servicios de México, S.A, de C.V por 80 millones de pesos debido a que, explicaron las autoridades, en dos licitaciones previas no se logró completar el cuadro de medicamento que necesita el Sector Salud Estatal.
El Presupuesto de Egresos 2017 del estado de Chihuahua establece que el monto máximo para la adjudicación directa es de hasta 35 veces el salario mínimo elevado al año, lo que equivale a un millón 22 mil 511 pesos; o de hasta 120 veces la misma medida, lo que es igual a 3 millones 505 mil 752 pesos, cuando se haya considerado a por lo menos tres proveedores.
La contratación se hizo con el fin de garantizar el otorgamiento de medicamentos e insumos a los derechohabientes del Instituto Chihuahuense de la Salud en apego a los lineamientos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de Obra Pública del Estado de Chihuahua, argumentaron.
La falta de disponibilidad, el sobreprecio o el incumplimiento de las empresas retrasó la compra y abasto de los insumos médicos, que fueron otros factores que dio Gobierno del estado para justificar la asignación directa.
El secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, declaró el año pasado, cuando se ventiló de forma pública la situación, que la administración buscó alternativas con las empresas que están dispuestas a dar crédito a la Secretaría de Salud, como sucedió con Egro, luego que el estatus crediticio y la mala reputación de la institución disminuyó la posibilidad de encontrar proveedores que pudieran cumplir las condiciones del contrato.
A pesar del monto de la inversión gubernamental, las instalaciones de la compañía resultaron poco acordes a ese estándar.
Su local, ubicado en la intersección de Eugenio Ramírez Calderón y Ortiz de Campos en el residencial San Felipe I etapa de la ciudad de Chihuahua, contaba el año pasado con apenas cuatro metros de frente, carpas para mitigar los rayos del sol, sillas y un aparato de aire acondicionado instalado de forma improvisada (Martín Orquiz / El Diario).
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