Miguel Vargas/
El Diario de Juárez
Las desavenencias ya públicas entre el gobernador Javier Corral Jurado y el alcalde local Armando Cabada Alvídrez deterioraron la seguridad de los fronterizos, de acuerdo a opiniones de especialistas.
De octubre del 2016 –fecha en que se estrenaron como gobernantes– al día de ayer, en Juárez se documentaron mil 564 homicidios dolosos.
De octubre a diciembre del 2016, fueron 190 asesinatos en Juárez; a lo largo del 2017 se documentaron 767, y otros 607 en lo que va del 2018 hasta ayer, indican cifras oficiales.
Aprovecha crimen desorganización, señalan
Estos casos, en parte, serían el resultado de la descoordinación institucional abierta de los gobiernos local y estatal, citan los entrevistados.
José Antonio Ortega de Anda, presidente del Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y Justicia Penal Asociación Civil, dijo que es difícil e ilógico creer que, si existen discrepancias entre los ejecutivos de estos gobiernos, exista una real coordinación en materia de seguridad.
“Si no hay un trabajo conjunto evidentemente esto es aprovechado por el crimen organizado y desorganizado… a leguas se observa el crecimiento en inseguridad que tiene Juárez”, expuso el creador del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.
Nemesio Castillo, sociólogo y académico de la UACJ, opinó que es obvio que las desavenencias entre el alcalde y el gobernador tuvieron un impacto en la seguridad. Se observa —afirmó— que no se dan estrategias conjuntas, sino aisladas, y no se ponen los recursos con que se cuenta en una sola acción.
Indicó que de darse un cambio en el gobierno local en los próximos meses hay esperanza de que exista una mejor coordinación para el combate a la inseguridad apoyada desde la Federación con el nuevo presidente.
Astrid González, activista de la Mesa de Seguridad, y a quien tocó coordinar los trabajos de esa asociación civil en estos casi dos años de gobierno, precisó que, en parte, sí se politizó la seguridad pública por los desencuentros abiertos entre los ejecutivos.
La afectación que se tuvo fue la falta de apoyo al gobierno local con recursos humanos y financieros, y esto tuvo que ver con un impacto en la seguridad, agregó.
Dijo que hay esfuerzos entre los titulares locales de las diferentes corporaciones de seguridad para coordinarse, pero la falta de apoyo generó el resultado que ahora tenemos en seguridad, expuso.
‘Desestabilizaron al Municipio’
Desde el nombramiento de Jorge González Nicolás como secretario de Seguridad Pública Municipal, Cabada Alvídrez y Corral Jurado hicieron públicas sus diferencias, en octubre del 2016.
Ese mes cerró con 96 homicidios en Juárez, y durante los tres primeros meses de iniciados los gobiernos, 190 homicidios dolosos marcaban aquí un repunte inmediato de violencia.
Los homicidios crecieron entonces un 220 por ciento en relación al período similar del 2015.
Desde aquel momento Cabada aceptó que la coordinación institucional en materia de seguridad “no es óptima”, según declaraciones que dio a los medios el 28 de octubre del 2016.
Las fricciones entre ambos gobernantes crecieron, hasta que el alcalde, en su campaña para reelegirse en el cargo, elevó el tono y dio entrada a la posibilidad de que la inseguridad era generada para desestabilizar su gobierno.
En una rueda de prensa el pasado 18 de junio, Armando Cabada habló sobre el riesgo de que “el dinero del crimen organizado esté participando en una campaña y que además ellos sean los promotores, quienes incentivan a los grupos criminales a matarse entre sí, es muy delicado”.
Agregó sin ser preciso: “Teniendo las pruebas se las vamos a presentar y diremos con toda claridad de quién se trata, porque esto es muy delicado”.
Después dijo a El Diario: “tenemos información con base en algunos detenidos de la SSPM, presuntos sicarios, que empezaron a mencionar un supuesto convenio”.
“Obviamente no hay nada que me respalde más que el testimonio que le dijeron en la entrevista con policías, y que habla de que regresando los que estaban ya no habría más problemas, eso son versiones…”
El alcalde agregó: “Hablan de un narcotraficante que está inclusive financiando tantas muerte y asesinatos, porque cada homicidio cuesta, y obviamente tiene un sentido de buscar desestabilidad”.
No respondimos: Corral
“La seguridad ha sido un tema que hemos logrado sacar del golpeteo político”, dijo Javier Corral a El Diario al salir de la última reunión de seguridad entre Estado y Municipio, el pasado miércoles, en “Pueblito Mexicano”.
Agregó que “nosotros no hemos respondido, no hemos generado ninguna respuesta a ese medro político”.
Se pronunció por mantener la seguridad pública como un asunto de neutralidad en ese contexto, “aunque no se haya logrado hacerlo del todo en las campañas”, dijo.
Nada formal vs Cabada
El fiscal general del Estado, Cesar Augusto Peniche Espejel, negó que exista descoordinación entre la Fiscalía y la SSPM.
La reciente reunión entre ambas instituciones así lo demuestra, porque se comparten información para, de manera conjunta, crear estrategias de combate al crimen organizado, aseguró.
Dijo que la Fiscalía ya contestó el amparo promovido en días pasados por Armando Cabada contra actos de esa dependencia.
Se contestó bajo los términos de negar el acto reclamado “porque mientras no tengamos nosotros algo formal se tiene que negar el acto reclamado y por supuesto hacer lo que corresponda conforme a derecho”, sostuvo Peniche.
Cuatro denuncias
El fiscal Zona Norte, Jorge Nava López, informó que hay cuatro denuncias de presuntos delitos donde se involucra al alcalde, Armando Cabada.
Indicó que las investigaciones las lleva la Fiscalía anticorrupción donde la Zona Norte sólo coadyuva con datos.
Agregó que localmente se recaban pruebas sobre los contratos entre el Municipio y el sector empresarial, así como elementos notariados, escrituras públicas, depósitos, estados de cuenta, estudios contables y otros medios probatorios para determinar si hay alguna responsabilidad en cada caso.
“Cuando los hechos se ponen del conocimiento de la autoridad, como cualquier otro, tiene que ser investigado para conocer si hay delito”, expuso.
Aseguró que no por las demandas existentes se ha disminuido la confianza y la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal. (Miguel Vargas / El Diario).
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