Araly Castañón/
El Diario de Juárez
Se espera que la controversia constitucional por la aprobación de la Ley estatal Anticorrupción, que el Municipio interpuso ante la Suprema Corte de Justicia, se resuelva el mes que entra, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.
“Hoy por hoy ya está con el secretario proyectista, estuve platicando ahí en la Corte hace un par de semanas respecto al tema, y los tiempos que me manejan ahí son de aproximadamente mes y medio”, explicó.
Agregó que el secretario formulará el proyecto de resolución y luego lo pasará al ministro ponente y si lo aprueba lo somete a consideración de la Corte.
“El estudio es lo que lo mantiene detenido, es el proceso normal también el cumulo de trabajo en la Corte”, mencionó.
La controversia es en contra del decreto de reforma a la Constitución del Estado, respecto al Sistema Estatal Anticorrupción y en particular, por lo relacionado con el órgano interno de control de los municipios.
La demanda se presentó el 10 de octubre pasado y a finales del mismo mes se admitió y se ordenó notificar a las autoridades estatales, por lo que eso debió haber ocurrido entre finales de octubre y principios de noviembre.
La inconformidad del Municipio no recae en contra de la Ley Anticorrupción ni del síndico de Ciudad Juárez, sino que atiende la incongruencia de la reforma por dar facultades fiscalizadoras a una figura política que no puede ser removida de su cargo, en este caso las sindicaturas municipales, agregó.
“Recordemos que la controversia constitucional se centra en la inconformidad que nosotros tenemos como Municipio para que los síndicos sean el órgano interno de control de los Municipios, debido a la discrepancia o la incompatibilidad que existe en la figura de un fiscalizador”, explicó Rentería.
El secretario del Ayuntamiento indicó que los argumentos que se hicieron valer en la demanda son los mismos que se expresaron en varias sesiones de Cabildo, en las que se estableció que existe riesgo de ingobernabilidad.
con la reforma. debido a que se le estaría dando a un órgano político, una facultad técnica y sancionadora, lo cual es incompatible.
También declaró que la reforma en sí misma es contradictoria porque señala que los titulares de los órganos de control del ejecutivo y legislativo deben tener perfil en fiscalización y ser ajenas a partidos políticos.
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