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El Diario de Juárez
Para prohibir el pago de rescate de víctimas de secuestro y congelar las cuentas bancarias de sus familiares, el Estado debe garantizar primero que tiene capacidad para localizar a los perpetradores y para recuperar a los afectados sin daños, dijeron portavoces de organismos ciudadanos relacionados con seguridad pública.
También se deben realizar consultas con las partes involucradas, con expertos en la operatividad del combate al delito, con familiares y víctimas para establecer leyes que protejan a la ciudadanía y no a delincuentes.
La titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) Patricia Bugarín, propuso un análisis a la prohibición para el pago de rescate de víctimas y la negociación con secuestradores, así como asegurar las cuentas bancarias de los familiares de los afectados.
Argumentó que aunque es un tema complicado, porque existe la posibilidad de que se pierdan vidas, debe estudiarse los casos de Francia e Italia, donde existen esas medidas y el delito lleva una tendencia a desaparecer.
Datos de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, que tienen base en informes de la Fiscalía General del Estado (FGE), establecen que en el 2017 se reportaron nueve secuestros, mientras que en marzo del presente año se reportaron dos y en abril otro par. Los datos de mayo y junio todavía no están disponibles.
Para que una medida de esa naturaleza funcione, o no, depende de la capacidad institucional del Estado, comentó Isaac González, coordinador del Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).
Tiene que discutirse y analizarse a profundidad frente a la vulnerabilidad de las familias porque es un tema que involucra a varios interesados, a las víctimas de secuestro y sus experiencias, que es algo muy interesante de conocer, tanto de las que pagaron como de las que no lo hicieron.
Por suerte, dijo, no son grandes números los que se registran en Ciudad Juárez o Chihuahua en general, pero en otras partes de México puede ser distinto.
Habrá que preguntarle a quienes secuestran, porque esa parte es un eje muy importante para saber si se va a poder pagar o no, a quienes se le congela las cuentas y a quienes no, agregó.
“En otros países eso se hace ciertamente para inhibir que se dé el hecho, al estar congeladas las cuentas no vas a sacar nada si cometes el delito, por lo cual lo único que quedaría en perspectiva sería entregar a la persona”, comentó.
Pero, continuó, en esos lugares hay una gran capacidad para identificar a los secuestradores y para medir lo que pasará con la víctima.
“Habría que discutirlo, no puede ser algo rápido, podría darse un intento, pero no sabemos tampoco qué podría ocurrir y podría haber muchas vidas dañadas por ese ejercicio”, dijo.
Astrid González Ávila, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, consideró que esa medida favorece en algunas ocasiones para salvar una vida u detener a los presuntos delincuentes.
“Creo que se debe hablar con personas dedicadas a rescatar a víctimas de ese delito para determinar que estrategias convienen en algunos casos, que paguen y luego se actúa contra los delincuentes”, declaró.
Si es permitida la entrega de dinero para rescatar una vida, es obligación del Estado perseguir a los perpetradores, no dejar que se queden con el dinero.
“Cuando quieren cambiar leyes es importante consultar con personal operativo, porque si no ocurre lo que el Congreso emite leyes que favorece a la delincuencia y no protege al ciudadano”, finalizó.