Abril Salgado/
El Diario de Juárez
A dos años de haber ocurrido una explosión que dejó cinco heridos y siete familias a la deriva en uno de los módulos de vivienda del fraccionamiento Eco 2000, el inmueble con el tercer piso a punto de colapsar permanece en el olvido y sin aparente atención.
Habitantes del sector indicaron que seis meses después de que ocurrió el incidente, las familias regresaron a invadir los condominios del primero y segundo nivel.
De acuerdo con archivos periodísticos, en noviembre del 2016 la Dirección de Protección Civil informó que la parte poniente del condominio ubicado en las calles Lince y Santiago Troncoso sería demolida en su totalidad. Hasta la fecha ninguna autoridad obró en consecuencia.
Efrén Matamoros Barraza, director de la dependencia, expuso en aquel momento que la decisión fue tomada por Obras Públicas, debido al riesgo que implicaba el edificio.
También informó que el tercer piso del condominio había presentado daños totales, en tanto que el segundo tenía riesgos considerables. (Abril Salgado)
Presentan viviendas adeudos de agua
Sin embargo, la demolición se vio frenada porque el fraccionamiento se encuentra bajo litigio, entre el Municipio y los propietarios, expuso el funcionario en julio del año pasado.
Ayer Matamoros señaló que la dependencia entregó el documento para la demolición del edificio pero por razones jurídico legales que desconoce, no procedió.
“Se hizo un documento donde se les pedía que demolieran por razones estructurales, incluso solicitamos un peritaje y así quedo”, expuso.
Agregó que “a mí se me informó que no se podía porque había un problema jurídico”.
En un recorrido realizado por El Diario se encontraron recibos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que muestran un adeudo de 50 meses que asciende a 30 mil pesos, al menos en cuatro viviendas.
También se observaron numerosas paredes con grafiti, neumáticos, sillones, basura y cables “colgados” del suministro de electricidad.
Datos periodísticos indican que las familias habitantes de Eco 2000 viven en irregularidad desde 2007, cuando se posesionaron de las viviendas, colocando ventanas y puertas de madera que aseguran con cadenas y candados. (Abril Salgado / El Diario)