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El Diario de Juárez
El secuestro de dos personas, ocurrido el pasado 29 de marzo, se debió a un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de droga.
Un cargamento de mariguana valorado en 380 mil pesos fue decomisado cuando una mujer trataba de internarlo a El Paso, Texas. Esa cantidad fue exigida como pago del rescate, así se estableció en la audiencia de vinculación a proceso instruida en contra del único detenido como presunto responsable del secuestro, Manuel Alejandro Huerta Miranda.
Presuntamente las víctimas del plagio -quienes al parecer son integrantes del cártel de Sinaloa- recibieron la droga por parte del detenido y de dos personas quienes actualmente se encuentran prófugas y la entregaron a una mujer para que ella cruzara el cargamento a la vecina ciudad. Pero la mujer fue detenida en un cruce internacional, de acuerdo con una declaración que forma parte de la carpeta de investigación.
La audiencia de vinculación a proceso en contra de Huerta Miranda inició desde el viernes de la semana pasada y continuó el domingo pasado cuando el abogado defensor del procesado presentó ante el juez de Control José Alberto Batista Trujillo a cuatro testigos.
En la formulación de cargos, un agente del Ministerio Público (MP) del fuero común señaló que las víctimas –de identidad protegida– fueron privadas de su libertad desde las 13:30 horas del pasado 29 de marzo tras ser llevadas con engaños a un taller de mofles ubicado en la calles Cuicuilco número 216 del fraccionamiento Jarudo Norte.
Una de las víctimas tenía en venta una camioneta Dodge Ram modelo 2004 de edición especial e incluso la anunció en Facebook y uno de sus conocidos dijo estar interesado en la compra, le solicitó que acudiera al taller domiciliado en Cuicuilco supuestamente para que el vehículo lo viera la persona que le iba a prestar el dinero para la adquisición.
Pero al estar en el taller, las víctimas fueron amarradas de las manos, las amagaron con cuchillos y un machete para exigirles el pago de 21 mil dólares o su equivalente, 380 mil pesos. Aunque posteriormente demandaron más efectivo, 500 mil pesos, cuando los afectados dijeron que iban a tardar unos días para entregar el dinero exigido.
Los testigos que comparecieron el domingo pasado ante el Tribunal coincidieron que en las víctimas estuvieron en el taller pero no privadas de la libertad si no consumiendo bebidas etílicas e incluso unas de ellas salió a comprar cerveza y regresó.
La persona que le arrendaba el inmueble habilitado como taller a Huerta Miranda, señaló al Tribunal que él estuvo en el lugar el pasado 29 de marzo y vio a las dos víctimas tomando con otros hombres y sentados en un sillón.
El padre de Huerta también declaró ante el Tribunal que él no vio nada extraño solo varios hombres tomando alcohol y la vecina refirió que ella vio y habló con Jesús García Carrillo –uno de los presuntos prófugos– y no observó personas retenidas ni golpeadas en esa propiedad.
Sin embargo, al emitir el auto de vinculación la tarde del domingo pasado el juez Batista Trujillo indicó que las versiones de los testigos eran insuficientes pues ellos no estuvieron con los dos sospechosos de momento a momento el 29 de marzo.
El juez dejó vigente la medida cautelar impuesta en la primera diligencia, el martes de la semana pasada.
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