Miguel Vargas
El Diario de Juárez
Luego del ingreso al Cefereso 9 de quienes han sido señalados como máximos líderes del narcotráfico en el país, más de la mitad de la población del penal federal ubicado en esta ciudad fue transferida a otras cárceles.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicados en 2016, en dicha cárcel había mil 73 reos. Para mayo pasado el Sistema Penitenciario Federal contabilizó sólo 550.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, elaborado por la CNDH, menciona que la población concentrada en ese penal era de 787 internos, y que la capacidad de las instalaciones es de mil 148 presos.
Los reos reubicados, en su mayoría de baja y mediana peligrosidad, fueron enviados a otros penales del país.
El Cefereso 9 cobró la atención mediática mundial a partir de la llegada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ingresado el 4 de mayo de 2016 y extraditado de ahí a los Estados Unidos en enero de 2017.
La prensa local, nacional e internacional se instaló en el exterior de dicha penitenciaría durante los ocho meses que mantuvo cautivo a “El Chapo”.
Los 550 internos que actualmente quedan en los pabellones serían los más selectos por su grado de peligrosidad.
Desde líderes de cárteles hasta homicidas, traficantes de drogas y armas, ladrones y extorsionadores cohabitan en las celdas de esa cárcel, cuestionada en su operación por la CNDH, que advierte que en definitiva nadie sale rehabilitado de ahí.
Capos de la droga como Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, exjefe de guardias del penal de Puente Grande, en Jalisco –donde escapó su compadre “El Chapo” Guzmán el 19 de enero de 2001–, están recluidos en el Cefereso 9 desde hace un año.
Miguel Treviño Morales, apodado “El Z-40”, coordinador de los miles de asesinatos que empoderaron al Cártel del Golfo, es otro de los huéspedes “distinguidos” de la prisión federal de Ciudad Juárez, desde marzo del año pasado.
El presunto líder de una temida célula de secuestradores, extorsionadores y asesinos del Cártel del Golfo en Tamaulipas y Zacatecas, José Antonio Romo López, conocido como “La Hamburguesa”, es reo del Cefereso 9 desde el 14 de junio de 2017, un mes después de que fue capturado por fuerzas federales.
Rogelio Hernández, alias “El Águila” es otro de los internos de dicho penal, presentado por la PGR como lugarteniente de “El Chapo” tras su detención aquí en noviembre de 2016.
Otro presunto criminal que con masacres desató el terror en la sierra de Chihuahua es Julio César Escárcega Murillo, exlíder del Nuevo Cártel de Juárez en Cuauhtémoc, quien trabajó para dos cárteles contrarios antes de ser detenido en octubre del año pasado e ingresado al Cefereso de Juárez.
Los traslados de delincuentes como éstos se dan por logísticas de seguridad, dada la ubicación geográfica del Cefereso 9, opinó Adolfo Castro Jiménez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Consideró esta cárcel como la más segura del país, pero donde la reinserción de sus inquilinos no se da por ninguna situación.
Los ahí recluidos estarían condenados a delinquir de por vida, según la interpretación del funcionario, quien de alguna manera colabora con las evaluaciones que cada año hace la CNDH a los penales del país.
Cuestionan su operación
Son precisamente los diagnósticos de ese organismo nacional los que revelan las malas condiciones del penal desde hace al menos cuatro años.
Los resultados de la supervisión anual dados a conocer en mayo pasado dan respuesta al por qué de los incidentes registrados en esa cárcel, documentados desde el 14 de marzo de 2014, cuando se conoció de la fuga de cinco internos, cuatro de ellos recapturados después.
Dentro de la serie de observaciones de los visitadores, en el diagnóstico 2017, la CNDH asegura que el director del reclusorio (Zeín Gerónimo Gil) no está al tanto de la supervisión del funcionamiento del centro.
El documento cita textualmente lo siguiente:
Rubro I: aspectos que garantizan la integridad personal del interno
• Deficiencias en los servicios de salud.
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
Rubro II: aspectos que garantizan una estancia digna
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas.
Rubro III: condiciones de gobernabilidad
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
El documento recalca que no hay conductos para que los internos puedan quejarse ante violaciones a los derechos humanos y sean atendidos, además de que prevalecen condiciones insalubres en la prisión, que no garantizan una estancia digna.
Habla también de la insuficiencia de guardias de seguridad y custodia, donde no se separan a los reos sentenciados y procesados, además de que no hay programas de prevención de adicciones dentro del centro penitenciario federal.
El cateo
Sería la falta de custodios o corrupción interna la que permitió el ingreso de teléfonos celulares y radios Nextel que fue puesto al descubierto en esa penitenciaría en enero de 2016.
Un grupo especial externo fue enviado a realizar un cateo sorpresivo a esa cárcel federal, por parte de Eduardo Guerrero Durán, entonces coordinador nacional de penales federales de la Segob, indican archivos periodísticos.
En esa ocasión Guerrero Durán envió personal de todas sus confianzas a “limpiar” las celdas del Cefereso que estaba por recibir a Fernando Quintana Esparza, Jesús Gabriel Vázquez Bojorques, Osvaldo Villanueva García, y Bernal Gómez Aguilar, quienes formaban parte de la guardia personal de “El Chapo” Guzmán en el momento en que fue recapturado, en enero de 2016.
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