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El Diario de Juárez
Ante la falta de un acuerdo entre el Ministerio Público (MP) y la defensa, debido a que el acusado y su abogado piden la mayor reducción de la pena que prevé la ley y la representación social se niega por tratarse de delitos graves, se volvió a diferir la impartición de justicia en un caso de violación y privación de la libertad cometidos en contra de una mujer de 65 años.
El acusado es José Luis Monárrez Sánchez, a quien se le atribuye que el 29 de enero del 2017 le ofreció auxilio a la adulta mayor ayuda al momento que ella sufrió una crisis de hipertensión arterial. Pero la llevó a su casa para agredirla sexualmente y humillarla.
Inicialmente la audiencia estaba encabezada por la jueza de Control Dania Guadalupe Ramos Rodríguez, ella escuchó que la agente del MP María del Socorro Chávez y el defensor público penal Edgardo Abel Ramos Aburto estaban pactando que Monárrez fuera sentenciado a través de un procedimiento abreviado, una figura legal que acelera la finalización de los procesos penales y a cambio otorga una reducción en la pena.
Respecto a la reducción del castigo existe discrepancia. En una diligencia realizada el 18 de mayo, el defensor le informó a la jueza Ramos que la coordinadora de la Fiscalía de Género, Ana Griselda González Torres, había autorizado la reducción de un tercio de la pena mínima, lo que es equivalente a un castigo de cuatro años y tres meses de cárcel.
En esa misma diligencia, la fiscal Chávez dijo que su coordinadora estaba de acuerdo con esa petición pero faltaba la autorización por escrito. Por lo que se fijó otra audiencia para el pasado 25 de mayo, pero en esa ocasión Chávez señaló que lo autorizado por la coordinadora regional de la Fiscalía de Género, Laura Moreno, era una pena de cinco años tres meses de prisión. No menos, por tratarse de dos delitos graves y precisó que la única autorizada para la reducción es Moreno y el fiscal general del Estado César Augusto Peniche Espejel.
Por lo que la jueza Dania multó a la fiscal María del Socorro Chávez y la emplazó a obtener la reducción solicitada por la defensa.
Fuera de la audiencia celebrada el 18 de mayo la juzgadora le dijo a la víctima –de identidad protegida- que la única oposición que ella podría tener era que no se le pagara la reparación del daño y en esa diligencia el detenido le iba a entregar el dinero.
En esa audiencia, la víctima recibió la reparación del daño, ocho mil pesos.
Ayer la audiencia fue encabezada por el juez de Control Jorge Omar Derat Acosta, quien escuchó un fuerte debate entre dos agentes del MP, Ada Cristina Armendáriz y la coordinadora Ana Griselda González, y el defensor sin que llegaran a un acuerdo pues cada parte se sostuvo en la pena que desean para el procesado, quien guardo silencio en todo momento.
En el debate incluso la coordinadora retiró la oferta del abreviado si no se aceptan los cinco años y tres meses y dijo que irán a juicio oral donde el castigo será mayor.
El defensor público expuso que el MP ya había ofertado el procedimiento abreviado y la nueva negativa es materia de amparo porque se violan derechos humanos, específicamente el principio in dubio pro reo.
Al final el juez Derat dijo que la fiscal María del Socorro Chávez actuó con deslealtad, con falta de probidad y de objetividad por comprometerse a obtener la reducción de la pena solicitada por la defensa sin estar facultada para ello.
El resolutor también señaló que la coordinadora se condujo en esa diligencia con deslealtad al ocultar que la víctima ya había aceptado el abreviado, porque él le preguntó cuál era la postura de la víctima y ella respondió que en noviembre pasado se opuso pero omitió referir que en una diligencia ante la jueza Ramos aceptó esa figura legal siempre que la pena no fuera menor a cuatro años de cárcel.
Derat Acosta acusó a la coordinadora de entorpecer la diligencia y dijo esta “es una severa amonestación”; también le pidió que ella y sus agentes del MP acudieran a la diligencia preparadas. En Luego difirió la audiencia para el próximo 13 de julio a las 13:30 horas, después de que el defensor le pidió tiempo para gestionar con funcionarios de alto rango la disminución de la pena que él pretende.