Antonio Flores Schroeder
El Diario de Juárez
El gremio de la salud en Chihuahua ha sido uno de los más golpeados por la criminalidad, durante la actual administración estatal, de acuerdo a reportes periodísticos.
El caso de la enfermera Perla Ivonne García Pérez, de 22 años, encontrada muerta en su auto justo frente a la comandancia de la Policía Municipal en la ciudad de Cuahutémoc, representa la falta de seguridad con la que ejercen su profesión en algunos municipios del estado.
García Pérez laboraba en el Hospital de la Mujer y desapareció el 30 de mayo, tras ingresar al nosocomio y salir con medicamento controlado.
La historia de esta enfermera se suma a la desaparición un día después de Sigrid Casandra Díaz Huerta, Oswaldo Galván Gutiérrez y Mayra Mendoza, pasantes de Enfermería y se encontraban en la ciudad de Parral prestando su servicio social.
El 8 de febrero de 2017, el médico Blas Juan Godínez fue plagiado en su vivienda por un grupo de hombres que primero disparó contra puertas y ventanas para llevárselo por la fuerza.
Desde ese año, trabajadores de la salud han parado labores, en protesta por las condiciones de inseguridad en las que trabajan decenas de pasantes en clínicas localizadas en la Sierra de Chihuahua.
Uno de los hechos más representativos de los riesgos a los que se enfrentan, ocurrió el pasado 19 de marzo de 2017, durante el enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado en la zona noroeste del estado.
Los sicarios de uno y otro bando obligaron a pasantes de medicina y a médicos de regiones serranas a atender a sus heridos, situación que los puso en riesgo mientras que las autoridades estatatales de salud, se negaban a hacer cambios para evitar ese tipo de incidentes.
En los grupos privados de Facebook de algunos médicos, algunos de los trabajadores de la salud han expuesto sus experiencias cuando son secuestrados por unos días y liberados tras curar las heridas de sicarios, principalmente en los municipios de Cuauhtémoc, Carichí, Bachíniva y Namiquipa.
En la mayoría de los casos, los plagiadores dejan a los médicos comunicarse con sus familiares para avisarles que están bien y que pronto regresarán.
En octubre de 2017, ante la incapacidad de las autoridades estatales y federales para brindarles seguridad a los médicos y enfermeras de los centros de salud de Gómez Farías y Madera dejaron de atender a pacientes por temor a ser secuestrados para curar a sicarios heridos después de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, informó la jurisdicción sanitaria número 4, Carlos Ruiz Vázquez.
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