Javier Olmos/
El Diario de Juárez
Las disposiciones incluidas en la iniciativa de la Ley para la Asignación de Publicidad Oficial, presentada por el gobernador Javier Corral esta semana, condicionan las líneas editoriales de los medios de comunicación en el estado, advirtió la organización Artículo 19.
“Respecto a los artículos 26 y 27, ambos están condicionando las líneas editoriales de los medios, situación que puede provocar un efecto inhibidor del ejercicio periodístico”, dijo Ana Cristina Ruelas, directora del organismo defensor de la libertad de expresión.
La propuesta de Corral pretende condicionar la contratación de medios a cambio de no difundir “narcomantas” ni mensajes “del crimen organizado o de grupos terroristas”, además de recomendar a través de un consejo consultivo la cancelación de contratos.
Los condicionamientos a los medios de comunicación que busquen acceder a los contratos aparecen en los artículos 26 y 27.
La propuesta del gobernador también establece que los medios deberán contar con un defensor de las audiencias y utilizar al menos un 20 por ciento de las ganancias por publicidad oficial en capacitación a periodistas, lo que resulta discriminatorio sobre todo para medios pequeños, dijo Ruelas.
“También preocupan los requisitos del artículo 27, ya que si bien es ideal que los medios cuenten con códigos de ética, defensores de audiencia y mecanismos para atender el derecho de réplica, pueden discriminar a aquellos medios pequeños o alternativos que no cuentan con la capacidad instalada para atender dichos requisitos, como lo es el caso de las radios comunitarias”, anotó.
Señaló que ambos artículos tienen una redacción ambigua y general que puede sujetarse a diversas interpretaciones por parte de los funcionarios públicos y de los sujetos encargados de aplicar la ley y los medios pueden abstenerse de desarrollar este tipo de publicaciones de interés público por considerar que de hacerlo pudieran ser excluidos de la asignación de la pauta.
Ruelas también criticó el artículo 5 de la propuesta, que dice que la información, opiniones y contenidos de las cuentas de redes sociales de funcionarios públicos se excluyen de esta ley.
“¿Qué pasa si estos funcionarios públicos deciden pagar a los intermediarios para que se promocionen estos contenidos, por ejemplo a Facebook o Twitter? ¿No sería una forma de publicidad que tendría que sujetarse a los parámetros constitucionales del artículo 134, octavo párrafo?”, cuestionó.
El Congreso del Estado tiene hasta el 9 de agosto para discutir y aprobar la propuesta, de acuerdo con el plazo fijado por el Congreso de la Unión, y entraría en vigor el 1 de enero de 2019. (Javier Olmos / El Diario)
jolmos@redaccion.diario.com.mx