Sandra Rodríguez Nieto/
El Diario
La iniciativa de la Ley para la Asignación de Publicidad Oficial presentada por el Ejecutivo incluye condiciones para los medios de comunicación contratados como no difundir “narcomantas” ni mensajes “del crimen organizado o de grupos terroristas”.
Propone también la creación de un consejo consultivo formado por cinco personas con “prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación y/o transparencia” que vigilará el cumplimiento de la nueva ley y podrá recomendar la cancelación de contratos.
Para los medios de comunicación que busquen obtener este tipo de transacciones, el nuevo articulado exige también requisitos como un código de ética de “estándares internacionales”, contar con un defensor de las audiencias y utilizar al menos un 20 por ciento de las ganancias por publicidad oficial en capacitación a periodistas.
Condicionan a medios el acceso a contratosde publicidad oficial
La iniciativa fue entregada el pasado jueves por el Poder Ejecutivo del estado a la oficialía de partes del Congreso local, dentro del plazo dado por el Congreso de la Unión a las entidades federativas para armonizar sus marcos jurídicos con la nueva Ley General de Comunicación Social, aprobada el 25 de abril pasado.
De avanzar, sujetaría a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los municipios y las entidades paraestatales.
“(Promueve) una asignación, contratación y control de la pauta publicitaria oficial bajo los principios de interés y utilidad pública, transparencia, equidad y pluralidad de medios, austeridad y buen uso de los recursos públicos, no discriminación y libertad de expresión”, dice la exposición de motivos de la propuesta del Gobierno de Javier Corral.
Otro elemento del proyecto es la creación de un tope al gasto que se puede destinar a la publicidad oficial y que, en cada año fiscal, no puede exceder del 0.5 por ciento del total del presupuesto de egresos.
Los condicionamientos a los medios de comunicación que busquen acceder a los contratos aparecen en los artículos 26 y 27.
“Las autoridades se abstendrán de contratar publicidad oficial en medios en los que se difunde propaganda del crimen organizado o de grupos terroristas, incluyendo mensajes en imágenes de mantas, cartulinas, grafiti, fotografías, videos o semejantes”, dice el artículo 26, último del capítulo sobre “Los criterios de asignación y contratación”.
El siguiente establece los siete “requisitos para la asignación” de las pautas con los que deben cumplir los medios de comunicación, entre los que también se incluyó estar registrados en un padrón estatal.
El Congreso del Estado tiene hasta el 9 de agosto para discutir y aprobar la propuesta, de acuerdo con el plazo fijado por el Congreso de la Unión, y entraría en vigor el 1 de enero de 2019. (Sandra Rodríguez Nieto/El Diario)
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