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El Diario de Juárez
La juez de Control Dania Guadalupe Ramos Rodríguez, presionó y multó a una agente del Ministerio Público (MP) para que ofreciera un procedimiento abreviado y otorgara la mayor reducción posible de la pena a un hombre acusado de haber privado de la libertad y de violar a una mujer.
En una audiencia pública la resolutora le ordenó a la fiscal que propusiera un procedimiento abreviado y le exigió que ofreciera una disminución de un tercio de la pena mínima prevista para el delito de violación.
La representante social María de Socorro Chávez le indicó a Ramos que la coordinadora regional de la Fiscalía de Género sólo autorizó una reducción de un sexto debido a la gravedad del delito y la serie de vejaciones e insultos que sufrió la víctima.
Sin embargo, la juez continuó exigiendo a la fiscal que le otorgara al procesado, José Luis Monárrez Sánchez, una disminución de un tercio, lo que es equivalente a un castigo de cuatro años y tres meses de cárcel y lo autorizado por la coordinadora era una pena de cinco años tres meses de prisión.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Chihuahua la pena para el delito de violación es de cinco a 20 años de cárcel y la privación de un año y medio a nueve años. Por lo que el ofrecimiento del MP ya está reducido.
Ante la postura de la juez y del abogado público penal que representó al acusado, Abel Edgardo Ramos Aburto, la fiscal retiró el ofrecimiento del abreviado. Lo que provocó que la juez se enojara y le exigiera a la agente del MP que continuara con el abreviado advirtiendo que la iba a multar con 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Inicialmente la víctima no estaba dispuesta a que se llevara a cabo el abreviado, quería que el asunto llegara a un juicio oral. Pero fuera de audiencia la juez Ramos le dijo a la víctima de 66 años que debía aceptar el procedimiento abreviado pues la única oposición que ella podía tener era que no se le pagara la reparación del daño y en esa diligencia el detenido le iba a entregar el dinero.
La víctima, cuya identidad quedó bajo reserva, expresó que ese dinero le iba a quemar las manos, no lo necesitaba y ya tenía previsto donarlo.
Antes de que iniciara la diligencia también el defensor público penal le señaló a la víctima que lo que ella necesitaba era una terapia psicológica.
En audiencia, al ver que la agente del MP no cedía en reducir más la pena, el defensor público le indicó a la juez que después de las amonestaciones y la multa seguía ordenar que la fiscal fuera arrestada. Por lo que María del Socorro Chávez pidió un receso para solicitar a sus superiores jerárquicos que otra agente del MP fuera enviada.
Después del receso, a la Tercera Sala de los juzgados locales se presentó la agente del MP Ada Armendáriz, quien señaló que la coordinadora regional de la Fiscalía de Género, Laura Moreno, únicamente autorizó como máximo disminuir el castigo a cinco años y tres meses de prisión.
Fue en ese momento que la juez ordenó multar con 20 UMA a la fiscal Chávez y a Armendáriz le dio una semana para que se lleve a cabo un procedimiento abreviado con la pena de cuatro años y tres meses, advirtiéndole que de lo contrario también la iba a multar.
Los hechos atribuidos a Monárrez Sánchez sucedieron el 29 de enero del 2017 después de que la víctima sufrió una crisis de hipertensión arterial.
En la denuncia presentada por la afectada se estableció que ese día la mujer había acudido a comprar alimentos a un supermercado y se empezó a sentir mal. Fue en ese momento que al parecer José Luis se acercó para decirle que era guardia de seguridad y le ofreció llevarla a su casa.
Después manejó a la casa de él, ubicada en la calle Uruguay de la colonia El Barreal, y le dijo que le iba a enseñar unos perritos, ella alcanzó a escuchar unos ladridos y después no supo cómo pero ya estaba en el interior de la casa donde fue agredida sexualmente además de privada de su libertad.
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