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El Diario de Juárez
Un Tribunal de Control vinculó a proceso penal ayer a dos hombres acusados de extorsionar a un comerciante.
Aunque uno de los sospechosos, Marcos Antonio D.V., se declaró culpable y eximió de toda responsabilidad a Carlos O.D., ayer un juez de Control determinó que si existen elementos de prueba para estimar que ambos cometieron el delito, los consideró coautores y dictó el auto de vinculación en su contra.
La extorsión inició el pasado 11 de mayo, cuando a la víctima le dejaron una carta exigiéndole el pago de la “cuota” y finalizó al día siguiente en las calles Tepetango cerca de Pavo Real en la colonia Pánfilo Natera cuando el afectado arrojó una camisa que adentro llevaba un sobre con dinero y presuntamente Marcos y Carlos lo recogieron.
Al rendir declaración, la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial- señaló que una cámara de seguridad instalada en su negocio captó que a las 05:08 horas del 11 de mayo llegó un hombre a dejar un mensaje extorsivo. Esta persona resultó ser Marcos Antonio Díaz Villegas.
Las llamadas extorsivas también se registraron en una aplicación instalada en el celular de la víctima y al parecer resultó ser Marcos Antonio, quien el pasado 12 de mayo también descendió de un vehículo Jeep Patriot con placas 540-SHT9 del estado de Chihuahua para recoger la camisa donde iba el dinero de la extorsión.
Ayer al dictar el auto de vinculación a proceso, el juez de Control indicó que la víctima también reconoció la voz de Carlos Orozco Domínguez como quien le habló para exigir el efectivo. Pero el abogado defensor aseguró que eso es una mentira y refirió que su defendido solo le dio un ride a Marcos para que recogiera el dinero de la “cuota” pero desconocía de qué se trataba.
Carlos Orozco denunció que al momento de ser detenido los agentes ministeriales lo golpearon y le robaron 12 mil 500 pesos. Ayer el juez le ordenó al agente del Ministerio Público (MP) que inicie una investigación por ese posible delito y activó el Protocolo de Estambul para que se determine si el arrestado fue objeto de tortura o actos crueles e inhumanos.
El juez autorizó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera audiencia, la semana pasada.
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