Javier Olmos
El Diario de Juárez
Durante el noveno seminario de la Red Jurídica de Universidades Públicas, realizado jueves y viernes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se analizaron los retos para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“La lentitud en la integración de los comités tiene efectos negativos para la estrategia de combate a la corrupción sencillamente porque todavía no termina de integrarse el esqueleto institucional que debe combatirla”, expuso Jaime Hernández Colorado, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El experto en estos temas agregó que el problema de fondo en la falta de integración de la estructura institucional es la corrupción. “Hemos puesto los argumentos sobre la mesa a partir de la idea de que la corrupción (impacta en) la captura de puestos, decisiones y presupuestos públicos”.
La idea del Sistema Nacional Anticorrupción, nacido en mayo de 2015 a partir de una reforma constitucional, es coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.
Desde entonces, el SNA no ha terminado de integrarse porque faltan los nombramientos de dos figuras importantes, la del fiscal anticorrupción y los 18 magistrados encargados del tema en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
A pesar de tener un diseño muy intrincado, para Hernández Colorado no es imposible hacerlo funcional.
“Ese esquema de coordinación sí puede tener resultados positivos, por eso considero que la coordinación es el segundo de los retos más importantes”, dijo al puntualizar que el principal reto del Sistema Nacional Anticorrupción es la posibilidad de que los Comités de Participación Ciudadana, tanto del SNA como de los sistemas estatales, logren un vínculo efectivo con la ciudadanía.
“Es decir, que logren constituirse como instancias de participación que promuevan y alienten la exigencia y vigilancia ciudadana sobre las acciones del Gobierno, el reto más importante”.