Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
El asesor jurídico de un hombre que sufrió lesiones en un accidente vial y quien quedó con una incapacidad permanente en la cadera, denunció que una agente del Ministerio Público (MP) falsificó la firma del afectado, para archivar el asunto sin ejercer acción penal contra responsables.
Debido a esto se solicitó a un Tribunal de Control que se reabra la investigación, informó el abogado del afectado Manuel Pineda Contreras.
El documento que presuntamente contiene una firma apócrifa, es la notificación a la víctima, Adrián Tomás Cardona López, del no ejercicio de la acción penal. Esto permitió que no se procediera penalmente en contra del conductor que al parecer causó el choque y que tampoco se reparara el daño causado a la víctima ni al erario municipal, por los daños a un vehículo oficial.
“Un perito particular, Isaías Flores, realizó un peritaje en grafoscopia y se determinó que la firma que contiene ese documento no corresponde a Adrián Tomás Cardona López, falsificaron su firma. Ese peritaje ya se anexó a la carpeta de investigación que lleva la Unidad de Control Interno de la Fiscalía en contra de Diana Janeth Javalera o de quien resulte responsable, pero creemos que se trata de esta agente del Ministerio Público (MP) porque ella llevó a cabo esta actuación”, declaró el abogado Pineda.
El incidente vial ocurrió el 2 de julio del 2016 cuando Francisco Javier Martínez Santana, empleado de la compañía Intelliswitch, presuntamente guiaba sobre la avenida Tecnológico con rumbo al sur y metros antes del cruce con Barranco Azul invadió los carriles del sentido contrario e impactó una Chevrolet pickup Silverado tripulada por Adrián Tomás Cardona López y propiedad del Gobierno Municipal.
Martínez Santana viajaba a bordo de una Ford F-450 blanca modelo 2002 con matrículas RH-83475 propiedad Intelliswitch; se encontraba en segundo grado de ebriedad y también había consumido mariguana, de acuerdo con el examen médico 33746 y los datos que obran en la carpeta de investigación.
Debido al impacto, la pic kup fue proyectada contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Cardona López sufrió fractura de costillas, de omoplato y de cadera, así como perforación de un pulmón y le quedó una secuela permanente, marcha claudicante. Además de haber permanecido hospitalizado durante varios meses porque fue sometido a cuatro cirugías.
El vehículo del Municipio presentó pérdidas totales, indicó Pineda Contreras.
El abogado señaló que en la fecha del accidente, el Gobierno Municipal e Intelliswitch tenían un convenio de trabajo y por ello llegaron a un acuerdo sin que se pagara la reparación del daño causado a la víctima ni los daños al vehículo oficial y el MP se prestó a esta acción porque la fiscal Diana Janethe Javalera falsificó la firma de su representado, Adrián Tomás Cardona.
El asesor jurídico de Cardona López indicó que su representado realizó una ampliación de la denuncia en contra del dueño y el administrador único y apoderado legal de Intelliswitch, Vicente Humberto Aldape Ayala y Óscar Francisco Rangel Mora, para que respondan por el daño causado.
Otra presunta irregularidad en esa carpeta de investigación es que la agente del MP clasificó las lesiones presentadas por su representado como menores, para después tramitar el perdón aprovechando que el estado de salud de la víctima era grave y sin que hubiera un certificado definitivo de lesiones.
El entrevistado explicó que el perdón iba junto con la denuncia y al solicitarle al lesionado que firmara los documentos nunca se le refirió que también estaba otorgando el perdón. Después se anexó a la carpeta de investigación el documento con la presunta firma apócrifa, para acreditar que ya se había notificado a la víctima que el asunto iba a ser archivado.
Sin embargo, esa notificación no cumple los requisitos de ley y la defensa lo impugnó. Por lo que el pasado 6 de marzo el MP volvió a notificar el no ejercicio de la acción penal a la víctima y el abogado presentó otra impugnación y será el juez de Control Rafael Rosado Arcudia quien determine si la investigación debe ser abierta o permanecer en el actual estado de inacción.
El Tribunal programó una audiencia para el próximo 29 de mayo a las 11:00 horas.
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