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El Diario de Juárez
Eduardo Arredondo Olivas, el elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al que montaron vigilancia afuera de su casa supuestos integrantes de la pandilla ‘Los Aztecas’ y que fueron detenidos, formó parte del grupo de agentes que probablemente extorsionó a un locutor el 3 de octubre del 2017.
Los tres elementos implicados en ese caso continúan trabajando de manera normal, sin que la Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación, determine la situación laboral de los oficiales acusados.
El archivo periodístico establece que en la audiencia celebrada el pasado 28 de febrero, el locutor Elías García Ramírez otorgó el perdón a los policías Julio Ezequiel Peinado Gutiérrez, Eduardo Arredondo Olivas y Gumercindo Gandarilla Rubio, contra quienes el Ministerio Público (MP) Francisco Guerrero Olivas pretendía acusar de extorsión. Sin embargo, no procede el perdón por la gravedad del delito, dijo la representación social en la misma audiencia.
Esos hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre, cuando en su calidad de servidores públicos, los acusados le solicitaron a García 4 mil pesos para dejar de cumplir con su función, ya que el vehículo en el que transitaba presuntamente presentaba un holograma del estado de Texas falso.
El MP clasificó el delito como cohecho, sin embargo, en audiencia se determinó que se configuraba la extorsión, aunque el ofendido decidió perdonar a sus probables agresores.
En la cuarta sala y antes de iniciar las diligencias, Elías le pidió al fiscal que le permitiera hacer uso de la palabra ante el Tribunal, por lo que el MP le solicitó al juez que escuchara al afectado.
“La verdad es que a mí me gustaría otorgarles el perdón a los tres agentes de la Policía Ministerial. En todo este tiempo hay una cosa que estuvo en mi corazón por mucho tiempo y…”, dijo Elías sin poder acabar la frase porque, visiblemente molesto, el juez Lorenzo Villar Chavarría le inquirió: “¿Ha sido usted intimidado de alguna manera? “No, de ninguna manera”, respondió el locutor.
El juez preguntó: “¿Le ha solicitado el MP que otorgue el perdón?”, a lo que García Ramírez respondió: “No, hasta el día de hoy ellos se vienen enterando”.
Villar Chavarría prosiguió al preguntarle a la víctima si alguno de los agentes ministeriales o una persona a nombre de ellos le habían solicitado que les diera el perdón o le habían ofrecido alguna cantidad de dinero o canonjía, o si lo hacía de manera libre y voluntaria. Elías dijo que su decisión era libre y voluntaria.
El agente del MP se opuso a la petición de la víctima, dijo que se trata del delito de extorsión, que se persigue de oficio sin que proceda el perdón de la parte ofendida y no sólo el locutor era víctima, sino toda la sociedad.
Además la posible pena a imponer de ser encontrados culpables los policías excede por mucho la media aritmética necesaria para que reciban algún beneficio.
El fiscal pidió al Tribunal que programara una nueva fecha para otra diligencia a fin de exponer la situación a sus superiores. La abogada defensora de los ministeriales estuvo de acuerdo.
Posteriormente, el jueves 19 de abril el agente Eduardo Arredondo Olivas solicitó el apoyo de sus compañeros al observar a hombres armados afuera de su casa, lo que generó la movilización de decenas de unidades que arrestaron a Tobías Álvarez, apodado ‘El Charol’ y a Julio César Hernández Ruiz por el ilícito contra la seguridad de la comunidad y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército; ya que al parecer ellos montaron vigilancia al exterior de la casa del ministerial y al verse descubiertos huyeron del lugar.
Los hechos ocurrieron entre las 7 y 8:11 de la mañana cuando al parecer ‘El Charol’ llegó al exterior de una vivienda ubicada en Callejón Constitucional casi cruce con Ángel Trías de la colonia Francisco I. Madero para efectuar labores de vigilancia (halcón) a fin de ubicar a Arredondo Olivas, para asesinarlo.
En ese lugar también se encontraba Julio César Hernández Ruiz y otras personas hasta ahora identificadas con los apodos de ‘El Charro’ y ‘El Paco’, guarecidos en una camioneta color rojo, modelo 2006 realizando labores de “halconeo”.
Los sospechosos fueron observados por Arredondo Olivas, quien pidió ayuda a sus compañeros.
Minutos más tarde, sólo Julio César Hernández fue detenido presuntamente en poder de dos fusiles de asalto, uno calibre .223 marca DTMS, otro 5.56 por 45 milímetros con matrícula FFH086960 con dos cargadores, uno con 38 cartuchos y otro con 28, ambos calibre .223, que son de uso exclusivo del Ejército.
Tanto Tobías Álvarez como Julio César Hernández fueron acusados ayer del delito contra la seguridad de la comunidad previsto en el Artículo 284 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua cometido en contra del ministerial Arredondo Olivas o de la sociedad, así lo señaló una agente del MP en una audiencias desarrolladas el sábado y ayer ante el juez de Control Adalberto Contreras Payán.
Tanto Álvarez como Hernández Ruiz decidieron ejercer su derecho a guardar silencio ante el Tribunal.
El agente Arredondo y sus dos compañeros implicados en la probable extorsión continúan laborando en la Fiscalía General del Estado.
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