Acusan a policía de dispararle a perro

Staff/
El Diario de Juárez

Un policía municipal fue acusado ante el Ministerio Público como probable responsable del delito de maltrato animal, al disparar con su arma de cargo contra una perra de la raza pit bull que presuntamente lo agredió cuando ingresó –sin consentimiento– a una propiedad privada, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El agente fue identificado como Rufino Ordóñez Domínguez, quien en el 2016 ya había sido señalado por probables actos de tortura contra presuntos ladrones, establece el archivo periodístico.
El acusado acudió el pasado jueves a las 23:20 horas a la vivienda marcada con el número 1929 de la calle Manuel Ayala y Manuel Ojinaga, de la colonia Chaveña.
Según los quejosos el oficial atendió una llamada de emergencia recibido en el Sistema de Emergencia 911, donde reportaron supuestos ladrones en el patio trasero de la casa.
Explicaron que observaron a uno de los hombres supuestamente armado, por lo que pidieron auxilio al 911.
Según los afectadas el agente irrumpió en la casa sin dar oportunidad de retener a la mascota que estaba en el patio frontal de la vivienda, la cual ladró al oficial.
Una mujer se acercó a la mascota, identificada como “Canelita”, que lanzaba mordidas a los pies del agente y la retenía en sus brazos cuando éste realizó un primer disparo y después le hizo un segundo disparo a corta distancia con un arma calibre 9 milímetros.
Los quejosos reprobaron que el oficial colocara en una situación de riesgo a la propietaria que cargaba al animal.
“Canelita” es reportada grave, al tener alojadas dos ojivas, una en la cabeza y otra en el abdomen, dijeron los dueños de la mascota.
Los moradores de la casa argumentaron ante la representación social que pidieron ayuda a los agentes para trasladar a la perra a recibir atención médica, pero se negaron. Una hora y media después llegaron elementos de la Agencia Estatal Investigadora (AEI) que auxiliaron a la familia en el traslado de la mascota y los peritos especializados en la escena del crimen aseguraron un casquillo, según informaron los denunciantes.
Los afectados por el probable uso excesivo de la fuerza pública expusieron que no se actuó en contra de los supuestos ladrones que motivaron la llamada de auxilio, debido a que los agentes ocuparon el tiempo tratando de conseguir que los dueños de la mascota firmaran un acta para deslindar de responsabilidad al agente Ordóñez Domínguez.
El archivo periodístico establece que el citado oficial fue denunciado ante el juez Félix Aurelio Guerra Salazar de probables actos de tortura cometidos contra tres detenidos, implicados en el secuestro exprés y robo calificado en perjuicio de la agencia de autos Alden de Juárez, dos empleados y dos guardias de seguridad, en hechos ocurridos en el 2016.
Los tres acusados mostraron al juzgador huellas de golpes en brazos, cara, nalgas y espalda para demostrar que fueron torturados por los agentes aprehensores y solicitaron que aplicara el Protocolo de Estambul.
El defensor de los imputados solicitó la declaración de cuatro agentes municipales aprehensores identificados como Alfredo Lerma Gaytán, Fátima Paloma Ramírez Torres, Elías Morales Gutiérrez y Rufino Ordóñez Domínguez.
La SSPM aún no ha dado a conocer la versión oficial de los hechos y se está en espera de los datos que puedan aportar a través del área de Comunicación Social.

Las sanciones
El Código Penal del Estado establece una penalidad de hasta dos años de cárcel a quien le cause la muerte dolosamente a un animal de compañía.
En el portal oficial la Fiscalía General del Estado informa que muchas personas desconocen que maltratar a una mascota de manera dolosa es un delito.
Los artículos 364, 365 y 366 establecen que el maltrato a cualquier animal de compañía implica omitir los cuidados necesarios para su bienestar y poner en riesgo su salud.
Cuando una persona le cause lesiones de manera dolosa a una mascota y ponga en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y una sanción de 250 salarios, asimismo, en el caso de causarle la muerte, el responsable podrá pasar hasta dos años en la cárcel.

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