Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
Miembros de la familia Bermúdez Espinoza se enfrentan en los tribunales locales desde hace casi seis años por las ganancias generadas a través de la administración de naves industriales, oficinas y terrenos en Ciudad Juárez. Al principio el reclamo era por cerca de 20 millones de pesos, aunque el monto quedó reducido a 8 millones durante el transcurso del proceso.
La confrontación comenzó el 2 de mayo del 2012, cuando las hermanas Dora Olivia, Lucía Isabel y Ana Margarita Bermúdez Espinoza, que juntas son dueñas del 60.42 por ciento de las acciones de una empresa propietaria de decenas de bienes, llevaron a cabo una asamblea para remover a su hermano Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza de la presidencia de esa compañía: Desarrollos Salo S.A. de C.V.
Las socias consideraron que él había faltado a su deber de velar por los intereses de esa empresa y que estaba desviando dinero para beneficio personal.
A partir de esa fecha la prominente familia se ha visto envuelta en un proceso penal, primero por 19 millones 316 mil pesos que después se redujeron a más de 8 millones, y hasta el momento continúan dirimiendo el asunto en un Tribunal de Enjuiciamiento.
Sergio Ricardo permanence tranquilo, afable y asesorado por Nahúm Nájera Castro, uno de los penalistas conocido en el círculo de los abogados como especialista en materia de amparo y que devenga altos honorarios.
Ha comparecido de forma puntual ante el Tribunal para responder por la acusación instruida en su contra, el delito de administración fraudulenta.
En todo momento Bermúdez Espinoza ha ejercido el derecho a guardar silencio aún el día que Gerardo Adolfo Benavente Bermúdez, hijo de su hermana Ana Margarita, subió al estrado para responsabilizarlo de que había desviado los recursos de la empresa familiar en beneficio de sus compañías y a través de prestanombres.
De acuerdo con las hermanas Bermúdez Espinoza, en su carácter de gerente general del Consejo de Administración de Desarrollos Salo, Sergio Ricardo realizó operaciones perjudiciales que afectaron el patrimonio de esa empresa hasta por 8 millones 426 mil 539 pesos y durante el periodo comprendido del primero de enero del 2009 al 30 de junio del 2012.
Presuntamente Sergio Ricardo Bermúdez –hijo del ex alcalde e impulsor de la industria maquiladora de Ciudad Juárez, Jaime Bermúdez Cuarón– desvió un millón 482 mil 654 pesos a sus cuentas personales; otros 475 mil 596 a una compañía de su propiedad Industrias Zeber S.A. de C.V.; también 3 millones 090 mil 222 pesos a Real Consulting International Inc de la cual es dueño.
También se le señala por supuestamente haber dispuesto de 2 millones 937 mil 338 pesos a través de una persona física, Jesús Roberto Aveytia Martínez y de 440 mil 727 pesos por medio de Silvino Rodríguez Urquidi, en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público (MP).
Desarrollos Salo –nombre que corresponde a las iniciales de los hijos del ex alcalde: Sergio, Ana, Lucía y Olivia y antes denominada Constructora y Urbanizadora Nacional S. A. de C. V., (Cunsa)- es dueña de varios parques industriales de esta frontera entre estos el llamado Antonio J. Bermúdez, también una parte del Lote Bravo ubicado al poniente, de terrenos adyacentes a la Ciudad Universitaria, varios fraccionamientos y complejos de oficinas la mayoría instalados en la avenida Tomás Fernández.
Sin embargo, las hermanas Bermúdez Espinoza denunciaron que no han recibido ganancias de la renta y venta de esos inmuebles. En la asamblea celebrada el 2 de mayo del 2012, y cuya acta ayer fue leída a las juezas que integran el Tribunal de Enjuiciamiento que determinará si Sergio Ricardo es inocente o culpable del delito de administración fraudulenta, señalaron haber detectado irregularidades en el manejo de las finanzas de Desarrollos Salo en los periodos 2009, 2010 y 2011 e indicaron que su familiar no les informaba de la situación financiera de esa moral.
Por ello las accionistas determinaron revocar a Sergio Ricardo Bermúdez como gerente general de Desarrollo Salo e impedirle el acceso a las oficinas de esa compañía, en el bulevar Tomás Fernández, además nombraron a Gerardo Adolfo Benavente Bermúdez como presidente de esa compañía en sustitución de Sergio Ricardo.
El 15 de junio del 2012 las accionistas ratificaron la revocación de su hermano como gerentes de Desarrollos Salo documentado que él llevaba una “administración con irregularidades y de manera oscura”.
Lucía Isabel Bermúdez declaró ante el Ministerio Público (MP) que ella y sus hermanas Ana Margarita y Dora Oliva nunca recibieron utilidades de esa empresa aunque son dueñas del 60.42 por ciento, durante el tiempo que Sergio Ricardo fue el presidente.
Para determinar si existía un quebranto patrimonial en junio del 2012, las hermanas Bermúdez contrataron al contador público Humberto Grijalva a fin de que realizara una auditoria a Desarrollos Salo en el periodo de enero del 2002 al 30 de junio del 2012.
Inicialmente se determinó que Sergio Ricardo había desviado para provecho personal 19 millones 316 pesos pero después la cantidad fue modificada a 11 millones 365 mil 577 pesos, de acuerdo con la denuncia presentada por Lucía Isabel.
En el auto de apertura a juicio oral, se señala que la cantidad de que supuestamente dispuso el empresario acusado es de 8 millones 426 mil 539 pesos. Esto luego de que se recuperó un depósito efectuado en una sucursal de West Bank de El Paso, Texas.
Ayer Lucía Isabel rindió declaración ante el Tribunal de Enjuiciamiento –conformado por las juezas Emma Terán Murillo, Rosa María Bailón Payán y Evangelina Zúñiga Ortiz-. Ella fue llamada por el abogado Nahúm Nájera Castro para interrogarla.
El litigante hizo pocas preguntas, se centró en cuestionarle si conocía sobre la existencia de la empresa Real Consulting International Inc, ella respondió que sí y al preguntarle si era accionista lo negó. También confirmó que es propietaria de parte de las acciones de Desarrollo Salo.
Esta prueba es parte de las ofrecidas por la defensa de Sergio Ricardo, pero de acuerdo con los abogados que representan a las hermanas Bermúdez las respuestas abonaron poco a la teoría de la defensa del acusado, quien pretende probar que todos los manejos de él fueron apegados a la ley.
Dora Olivia fue citada a declarar pero no compareció, por lo que el Tribunal ordenó que sea presentada el próximo lunes a las 10 de la mañana, juicio oral y con el uso de la fuerza pública. (Blanca Carmona / El Diario)