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El Diario de Juárez
Un Tribunal de Control ayer vinculó a proceso penal a un hombre acusado de haber privado de la libertad a un menor de 17 años de edad.
El sospechoso, Víctor Ramón Navarro López, apodado “El Pipiolo”, no presentó ninguna prueba a su favor; mientras que la víctima y un testigo lo reconocieron como uno de los nueve hombres que cometieron el “levantón” para golpear al afectado y después lo tiraron desde un vehículo en movimiento.
Los hechos sucedieron el 22 de octubre del 2017 después de que la víctima, cuya identidad quedó bajo reserva judicial, llegó a la terminal de la línea de camiones 10, ubicada en las calles Paso del Norte y Sebastián Bermúdez de la colonia Chaveña, para ayudarle al operador de una unidad.
Durante la jornada, el despachador de la línea, José Antonio Zúñiga Meraz apodado “El Tigre”, estuvo en el lugar, luego se retiró y horas más tarde como a las 13:00 horas regresó para decirles que su teléfono se había quedado en el camión, exigió que se lo regresaran y después los amenazó.
Alrededor de las 17:20 horas del mismo día presuntamente Zúñiga volvió al lugar acompañado de su hermano y de otros ocho hombres a bordo de un automóvil y de una Explorer. Utilizando un arma de fuego, amagaron a Gonzalo para ordenarle que se subiera a la camioneta pero él no atendió la instrucción y los pasajeros de la unidad comenzaron a gritar y a exigir que lo soltaran.
Por lo que los hombres soltaron a Gonzalo y se fueron contra la víctima a fin de subirlo a la fuerza a la Explorer después le dieron puñetazos, le pegaron con una herramienta y le quemaron la espalda con el pico de una botella caliente. La víctima fue arrojada de un vehículo en movimiento, en la calle Arroyo de las Víboras.
Ayer el juez de Control Ramón Porras Córdova le dio valor de prueba a las declaraciones de la víctima así como a la de Gonzalo González para dictar el auto de vinculación a proceso en contra de “El Pipiolo” por el delito de privación de la libertad previsto en el Artículo 158 del Código Penal.
“Se impondrán de uno a seis años de prisión y de 60 a 120 días multa, a la persona que prive a otra de su libertad. La pena de prisión se aumentara en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de 60 años o, por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de vulnerabilidad física o mental respecto del agente”, señala el 158.
El juez también autorizó un mes para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en una diligencia celebrada el pasado 22 de marzo.