Se amparan por temor a 'cacería de brujas'

Luz del Carmen Sosa/
El Diario de Juárez

Empleados y exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionados en la investigación del llamado caso “Campo Algodonero”, temen una “cacería de brujas” y ser sujetos a proceso penal, como ya se procedió contra tres exservidores públicos.
A los tres detenidos se les acusa de armar un expediente en el caso del Campo Algodonero para consignar de manera ilegal y arbitraria a los choferes de rutera Víctor Javier García Uribe “El Cerillo” y Gustavo González Meza alias “La Foca”, dentro de las investigaciones por el hallazgo de restos en noviembre de 2001.
El primero fue puesto en libertad y el segundo murió en prisión.
Los nombres de las víctimas son: Claudia Iveth González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Rodríguez, Mayra Juliana Reyes Solís, María Rocina Galicia Meras, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y una más, que hasta la fecha no ha sido identificada.
Temerosos, algunos involucrados desde el levantamiento de ocho cuerpos en un sembradío de algodón, ubicado en la avenida prolongación Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, hasta el arresto de los primeros acusados, recurrieron al amparo de la justicia federal para evitar la detención, trascendió ayer.
La noche del viernes la FGE informó que, casi nueve años después, la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación acató la tercera disposición de la sentencia emitida contra el Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a investigar y sancionar a los funcionarios acusados de irregularidades.
Estas acciones derivaron en la detención del exsubprocurador de Justicia José Manuel Ortega Aceves, del exagente de la desaparecida Policía Judicial de Estado, Jaime Gurrola Serrano, y del exagente del Ministerio Público, Jesús Manuel González Guerrero, quienes fueron presentados ante el juez penal en una audiencia celebrada en un juzgado del Sistema de Justicia Tradicional.
Los detenidos forman parte de un listado de 81 servidores públicos que incurrieron en omisiones o retardos en la investigación de los homicidios de mujeres en el caso Campo Algodonero, según la investigación realizada en el 2004 por María López Urbina, fiscal especial para la Investigación de Crímenes de Mujeres de la  Procuraduría General de la República (PGR).
Hasta el momento se desconocen cuántas órdenes de aprehensión más existen.
Durante la mañana de ayer se informó en forma extraoficial que hay entre ocho personas detenidas y presentadas ante el juzgador.
Ayer El Diario buscó la versión del fiscal César Augusto Peniche Espejel, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió a la petición de información.
Ivonne Mendoza, directora de Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac), la organización civil que representa a tres de las víctimas localizadas en noviembre del 2001, dijo que están a favor de que los malos funcionarios sean llamados a rendir cuentas.
Sin embargo, manifestó que ahora surgen muchas preguntas sobre los procedimientos de la FGE, ya que de momento el Ministerio Público no ha aclarado las dudas surgidas como el saber si el delito que se persigue no ha prescrito y cuántas personas más están involucradas.
Expuso que luego de que fueron absueltos Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, la FGE detuvo en el 2006 a Édgar Álvarez, Francisco Granados y Alejandro Delgado, segundos imputados y sentenciados por otros asesinatos del caso Campo Algodonero.
También fue detenido, acusado y sentenciado Eduardo Chávez Marín sólo por el asesinato de Brenda Esmeralda Herrera Monreal, localizada en noviembre del 2001 en el sembradío de algodón.
“La Fiscalía está tratando los feminicidios como si fueran crímenes individuales y no es así”, expuso la abogada.
Apenas el 12 de marzo Chávez Marín fue absuelto por la magistrada Dora Imelda Rodríguez Díaz, lo que significó un golpe a la credibilidad de la Fiscalía, dijo Ivonne Mendoza.



“Me pregunto, ya que el fiscal dijo que estaban analizando la resolución de la magistrada en el caso de Eduardo Chávez, si de ese análisis surgiera un entendimiento de que también fue un caso armado y si va a haber responsables. Si está haciendo esa depuración, estaríamos en tiempo de que los funcionarios involucrados en el caso de Chávez Marín reciban una sanción”, planteó.
Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, consideró que en estos momentos la reactivación de la sentencia del Campo Algodonero es porque la FGE se siente presionada por la “valiente resolución” de Rodríguez Díaz.
“Lo que observo es que ahora sí la FGE presta atención al caso de Campo Algodonero y creo que el arresto de tres exfuncionarios es una respuesta. Qué bueno que se estén dando estas acciones”, dijo la activista.
Sin embargo, consideró que estos tres servidores públicos fueron detenidos en Chihuahua, donde vivían y no queda muy claro desde cuándo la FGE contaba con esas órdenes de aprehensión.
“El fiscal César Augusto Peniche dijo que la Fiscalía hacía la revisión del caso de Campo Algodonero luego de la absolución de Eduardo, estas acciones me parecen tardías porque desde hace años se tienen los elementos de prueba para establecer que los acusados Gustavo González Meza y Víctor Javier García Uribe eran ‘chivos expiatorios’ y eso quedó claro”, abundó Marrufo.
“Entiendo que tuvo que venir la resolución de la magistrada en contra de la segunda investigación y eso los deja muy mal parados y ahora es que se están moviendo para proceder contra los malos funcionarios”, consideró la activista social.