Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
Al considerar que faltó investigación por parte del Ministerio Público (MP), un Tribunal de Control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que fueron acusados del delito de tortura.
Esta es la segunda resolución que se emite en los últimos días en la que se exime de responsabilidad a policías de la SSPM.
El primero de marzo dos elementos sospechosos de incurrir en el ilícito de desaparición forzada de persona quedaron en libertad, al determinar otro Tribunal de Control que el testimonio de cargo recabado por el MP era de mala calidad y por ello insuficiente.
El último caso corresponde a la acusación formulada por el MP en contra de Fernando Martín Argüelles Quiroz y Juan José Lara Antonio, en la que se señala que el 5 de octubre del 2015 ambos servidores públicos así como otros policías de la SSPM ingresaron sin autorización del propietario y sin orden judicial a una casa en la calle Río Álamo del fraccionamiento Las Arcadas, donde golpearon a Jovan Ernesto Morales Jurado y causaron daños en el inmueble además de robar.
La víctima declaró ante el MP que ese día los policías municipales se brincaron los portones de su domicilio después usaron una escalera para derribar la puerta principal y entre 15 a 20 policías empezaron a golpearlo. Le dieron puñetazos, patadas y lo levantaron en peso para aventarlo a la cabina de una unidad, él cayó en el estribo y se lesionó.
En el camino a Estación Universidad lo siguieron golpeando con puños y con las armas.
Al estar en el Distrito le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, otro le presionó el pecho para limitar su respiración y otros lo golpeaban en los costados y en la boca del estómago con puños, patadas y con las culatas de las armas.
Luego aventaron contra el piso mientras estaba esposado, él cayó sobre su mano derecha y se la dislocó.
Después le aventaron una cubeta de agua y le dieron descargas eléctricas. Enseguida le metieron la cabeza en una cubeta con agua al tiempo que un agente al que la víctima identificó por su nombre –pero no es ninguno de los acusados– le exigía que se responsabilizara de un asesinato.
“Un agente sacó su arma me la puso en la frente, en la boca, en el pecho y los genitales diciéndome que me echara la culpa. Me paró en compás y con las manos en la pared para darme alrededor de 25 tablazos, de ahí llegó un municipal con un gancho para la ropa, lo desdobló y me lo introdujo en el oído izquierdo alrededor de tres o cuatro ocasiones hasta que me ocasionó un sangrado y en una hoja acepté la culpa”, declaró la víctima ante el MP.
Presuntamente los servidores públicos se llevaron un automóvil Dodge Neon modelo 2001, tres celulares, unos relojes y 20 mil pesos en efectivo.
Ayer la jueza Maribel Carrillo Mendoza dio por acreditado que se cometió el ilícito de tortura en perjuicio de Morales Jurado con la declaración de él, de su esposa e hija así como informes médicos de las lesiones que sufrió e incluso un Protocolo de Estambul que resultó positivo.
Sin embargo, la resolutora determinó que no quedó probado ni en grado de probabilidad la presunta responsabilidad de los elementos a los que el MP les formuló cargos legales.
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