Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez
Familiares de personas desaparecidas analizaron los retos que existen en la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas durante el Foro Nacional realizado en Arteaga, Coahuila.
Entre los ponentes destacó Alan García, consultor jurídico de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU.
En el encuentro, que reunió a colectivos creados por los familiares de las víctimas de todo el territorio nacional, participaron representantes de la organización Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. de Ciudad Juárez (CDHPN).
Entre las ponentes estaba Ericka Jasso Carrasco, titular de la Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación, de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien participó en el panel “Investigación del delito de desaparición forzada” y presentó dos casos de desaparición forzada judicializadas en el Estado; una en el municipio de Buenaventura y la otra en Cuauhtémoc.
Datos oficiales de la FGE indican que en Chihuahua existen más de 25 carpetas de investigación por desaparición forzada y como probables responsables aparecen exagentes estatales, relacionados con los cárteles de Juárez y Sinaloa.
La fiscal Jasso Carrasco, fue interrogada por los representantes del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia por la falta de investigación en varias carpetas donde existen similitudes en la forma de operar de los agresores.
Los representantes de este colectivo son seis de los más de 2 mil casos de desaparición en Chihuahua.
Ellos expusieron que, derivado del análisis que han realizado, observan que existen similitudes en la forma de desaparición de sus seres queridos, sin embargo no han logrado que las autoridades analicen dichas similitudes.
El CDHPN informó que los cuestionamientos realizados a la fiscal Jasso Carrasco fueron ¿cuántos casos de desaparición forzada y de tortura se han judicializado y cuántos agentes se han condenado?.
“¿Qué podría hacer el Estado para lograr protocolos de identificación de restos eficaces?, particularmente en el Valle de Juárez que es un cementerio clandestino”.
Expusieron que hay muchos cuerpos que podrían ser no sólo de Chihuahua sino de otros estados. Sin embargo no hay protocolos de identificación, expusieron.
Plantearon que “se obstaculiza y no se permite que los familiares encuentren a los desaparecidos, obviamente a todos nos interesan encontrar a los culpables, pero sobre todo nos interesa encontrar a nuestros desaparecidos”, aseguraron.
“¿Y mi familiar dónde está, dónde lo tienen?, ¿De qué sirve tener miles de policías encerrados si tenemos miles de personas desaparecidas?”, cuestionaron.
La fiscal Jasso Carrasco respondió que de las carpetas de desaparición forzada únicamente tienen judicializadas 2, que corresponden a la zona norte.
Dijo que, a título personal, considera que no tienen el éxito que necesitan, concuerda con la familiar que “de poco o nada les sirve que ellos tengan detenidos a los funcionarios si no les dan respuesta de dónde están sus familiares”.
Dijo que están presionando constantemente a los procesados para que les digan dónde están sus víctimas.
El año pasado Mauricio Luna Aguilar, apodado ‘El Papacho’ denunció públicamente que la FGE lo estaba amenazando con detener a los integrantes de su familia, de no revelar dónde estaban las fosas clandestinas y aseguró que hay otros narcotraficantes libres que han sepultado de manera clandestina a sus víctimas.
El hombre sentenciado por el triple asesinato de los integrantes de la familia Archuleta, señaló a Miguel Ángel Reyes Salazar, alias ‘El Sapo’, como responsable de inhumaciones clandestinas, sin embargo no ha sido investigado.
La fiscal Jasso Carrasco dijo que en el caso del Valle de Juárez de octubre del 2016 a la fecha se han encontrado 135 restos humanos, de los cuales se ha logrado identificar 25 y estos se han entregado a sus familiares. Dijo que los protocolos existen, pero no están las bases de datos aun completas, cree que están en un 80 por ciento de avance de registro de ADN, para poder hacer los cruces correspondientes y realizar la identificación correspondiente.
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