Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
Los propietarios de la empresa afectada por el fraude procesal presuntamente cometido por cuatro abogados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y que les permitió ganar un cuarto de millón de pesos, comparecieron ayer ante un Tribunal de Control para pedir les regresen el dinero.
Los litigantes acusados de fraude procesal son Natalia Castañeda Rosell, Jaime Arturo Hinojos Rubio, Anna Karen Hinojos Rubio y Nora Coronado López. A los dos primeros se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva porque tienen otro proceso penal por el mismo ilícito, al parecer registrado bajo la causa número 899/16 del índice del Tribunal.
Los cuatro juristas están acusados de que el día 2 de junio de 2009 presentaron una demanda laboral, la número 1/09/2296, utilizando el nombre de Juan Carlos Serrato Serrato, aunque presuntamente él no solicitó sus servicios y nunca laboró para la empresa demandada Mueblerías Salais”. Lo que se consideró como simulación de una relación laboral.
Los hermanos Hinojos Rubio y Castañeda Rosell obtuvieron un laudo condenatorio contra esa empresa pues la Junta número Uno le ordenó pagar 305 mil pesos como indemnización para Serrato.
Después, el 16 de noviembre del 2016, se celebró un convenio con la abogada de la mueblería Nora Coronado López para el pago de 250 mil pesos. El 15 de septiembre del 2017 los dueños de la empresa dieron el último pago.
Ayer, Irene Salais Gómez y Alfredo Reyes, propietarios de la mueblería, se presentaron a la diligencia de vinculación o no a proceso que se llevó a cabo en la tercera sala de apelaciones y al ser cuestionados por el juez de Control, Apolinar Juárez Castro, sobre si tenían algo que decir respondieron que sólo necesitan recobrar su dinero.
“Sólo queremos que nos paguen los daños que nos hicieron, las cantidades que nos quitaron y los gatos hechos. Parece que querían llegar a un acuerdo”, señaló Reyes.
Juan Carlos Serrato Serrato también fue solicitado por los abogados defensores de los profesionistas sujetos a proceso penal y al ver que sí compareció, la defensa se desistió de interrogarlo.
En una parte de sus alegatos, el abogado defensor dijo que no sabe cómo fue localizado Serrato ya que nunca compareció en la demanda laboral. A lo que una de las tres agentes del Ministerio Público (MP) encargadas del caso respondió que fue encontrado a través de la base de datos denominada “Plataforma México” y no hay homónimos.
Además, la fiscal recalcó que Serratos no conoce a los abogados Castañeda, Arturo Hinojos, ni a Coronado, y afirmó que tampoco ha trabajado para la empresa demandada en materia laboral ni contrató los servicios de los juristas. (Blanca Carmona)
El defensor también le pidió al juez que dictara un sobreseimiento por prescripción de la acción penal, pues a decir de él el último acto delictivo fue el 4 de agosto del 2014 cuando la Junta número 1 emitió el laudo condenando contra la Mueblerías Salais.
Pero el MP refutó indicando que se trata de un delito continuado en el tiempo y el último acto ilícito por parte de los abogados laboralistas ocurrió el 15 de septiembre del 2017 al efectuarse el pago final. Además la fiscal dijo que la JLCA fue utilizada fraudulentamente para obtener 250 mil pesos y le pidió al juez penal que no caiga en lo mismo.
Ayer el juez consideró que no ha prescripto la acción penal pues de ser encontrados culpables los litigantes podrían ser sentenciados a 17 años de prisión y la media aritmética, tiempo que debería haber trascurrido para considerar que caduco el delito, es superior a los ocho años nueve meses. Tiempo que no ha pasado.
Ayer el juez decretó un receso y determinó retomar la diligencia esta semana a fin de dar a conocer si vincula o no a proceso a los abogados. (Blanca Carmona)
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