Sandra Rodríguez/
El Diario de Juárez
Siete meses después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación considerando como “ilegales” los centros de arraigo en Chihuahua, en la entidad aún permanecen siete personas sujetas a este tipo de medida cautelar.
La cantidad fue difundida ayer por la Fiscalía General del Estado (FGE), que agregó que seis de los detenidos están en Ciudad Juárez y uno más en el centro de arraigo de Chihuahua.
“Cabe destacar que los procesos que aún están pendientes de resolución en alguna de las etapas del proceso, ya sea por un juicio oral o un amparo, son atendidos de manera correcta y formal; sin embargo, el cierre de los centros de arraigo inminentemente se dará hasta que concluya cada uno de estos asuntos”, informó la FGE.
La dependencia también explicó que la cantidad actual de detenidos en este tipo de instalaciones representa una reducción de más del 90 por ciento con respecto a la cantidad de personas recluidas en 2016, cuando en esta frontera se contabilizaban 92 imputados y otros 54 en la capital.
“En cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por la actual administración en torno a los centros de detención que operaban de manera ilegal en la entidad; la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), redujo un 93 por ciento la población”, informó en un comunicado.
“Derivado de la voluntad política y el apoyo institucional, la población se redujo considerablemente y hoy en día son sólo siete personas las que se encuentran concentradas en el aún operante Centro de Arraigos en Ciudad Juárez y Chihuahua”, agregó.
La FGE difundió los datos luego de que la CNDH encontrara incumplimiento en diversas recomendaciones hechas a las autoridades de Chihuahua, entre ellas la 29/2017, emitida en agosto del año pasado contra la medida cautelar de arraigo.
“El Centro de Arraigo de Chihuahua y el Centro de Arraigo de Ciudad Juárez pertenecen a la Fiscalía General, no se encuentran regulados, ya que dentro de su organigrama y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no se contempla ni prevé la existencia de algún Centro de Arraigo”, indicó la recomendación 29/2017 de la CNDH, de agosto de 2017.
“En tales condiciones, dichos centros, al carecer de un sustento jurídico, funcionan ilegalmente”, agregó el organismo nacional.
Al respecto, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Julio César Jiménez Castro, informó ayer que el Poder Judicial acató la recomendación de la CNDH desde el año pasado, dictando sentencias o autos de libertad.
“A los (afectados) que ya tenían tiempo sujetos a proceso se les pudo dictar sentencia por el delito que imputaba la FGE, otros seguramente se resolvió el asunto poniéndolos en libertad”, dijo Jiménez Castro.
El Poder Judicial, de acuerdo con El Diario, anunció que dejaría de dictar este tipo de medidas cautelares desde octubre pasado. (Sandra Rodríguez/El Diario)
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