Desaparecidos, entre la esperanza y la burocracia

Luz del Carmen Sosa/
El Diario de Juárez

El dolor la doblega. María Isabel observa impotente cómo se deteriora el estado de salud de su madre desde que Gabriel, de 39 años, desapareció en octubre del 2017.
Y a pesar de la denuncia por desaparición de persona ante la Fiscalía General del Estado (FGE), no existen operativos para la búsqueda de su ser querido.
“Mi madre está mal y lógico nosotros aún más por el dolor de ver a mi madre mal y por no poder encontrar a nuestro hermano Gabriel”, dice María Isabel Saldívar Rodríguez.
La mujer, junto a sus demás hermanas, denunció la desaparición de Gabriel el 14 de octubre del 2017, después de que el chofer Raúl Rodríguez Castro lo bajó del asiento 9 del camión de la línea “pirata” Azteca en el entronque a Namiquipa, tras discutir con él.
Al conductor, dice Isabel, nadie lo ha requerido. “Es un criminal, lo abandonó a su suerte, no le entregó la mochila y en ella traía su cartera con su identificación y su dinero”.
El caso de desaparición de la familia Saldívar Rodríguez, es uno de los 584 reportes de hombres ausentes que abrió la FGE en la Zona Norte durante el 2017 y forma parte de los 170 casos de varones vigentes que mantiene la Unidad Especializada de Investigación de Personas Ausentes, según los datos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública (folio 139192017). 
La familia ha viajado a rastrear el terreno donde presumen que pudo estar Gabriel, un hombre de 39 años que viajaba de Torreón a Ciudad Juárez.
“Lo que le pedimos a la Fiscalía es la búsqueda en el área donde lo dejaron; mi temor de que no lo encontramos es por la condición en que lo bajaron porque fue con violencia. Tengo miedo de que haya quedado tirado entre los matorrales y así cómo lo vamos a encontrar nosotros; lo hemos buscado con nuestros recursos, pero somos personas humildes y solvencia no tenemos”, explica María Isabel.
El momento de dolor que enfrenta la familia Saldívar Rodríguez se replica en mil 989 hogares del estado de Chihuahua, donde aún permanece desaparecido un ser querido, establecen las estadísticas que ofrece la FGE a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Década de dolor por ausencias
En Chihuahua, un estado fronterizo con una población estimada en los 4 millones 797 mil habitantes, según el Censo Poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2010, desaparecieron 20 mil 86 personas en la década del 2007 al 2017, de las cuales 10 mil 141 son hombres y 9 mil 945 mujeres.
La Fiscalía precisa que de ese universo mil 989 personas siguen sin ser localizadas, es decir, casi el 10 por ciento continúan desaparecidas. Ciento sesenta y cinco víctimas corresponden al sexo femenino y mil 824 al masculino, indica la respuesta institucional de la FGE (folios 139182017 y 139192017).
Esta población ausente supera el número de habitantes de Samalayuca, sección municipal de Ciudad Juárez que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Inegi, tenía mil 474 habitantes en el 2010 con un grado de marginación muy alta.
Los datos obtenidos por El Diario indican que en la FGE Zona Centro fueron reportados más hombres como ausentes y que la Zona Norte tiene la mayor incidencia de casos sin resolver.
Sin embargo, las cifras oficiales de la FGE contrastan con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), que en Chihuahua es de 2 mil 157, hasta el 31 de enero del 2018.
Estos datos presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común que permanecen sin localizar, menciona el sitio oficial de la Secretaría de Gobernación.

De la desaparición a la muerte
En las últimas semanas de febrero, los juarenses fueron testigos del dolor de varias familias que reportaron como ausentes a sus seres queridos: el niño estadounidense James Martin Camacho Padilla, reportado ausente el 21 de enero y localizado muerto el 20 de febrero.
Además de Jesús Alejandro Lizárraga Reyes, de 39 años, originario de Mazatlán, Sinaloa, y su hijo Iván Alejandro Lizárraga Alarcón, de 14, desaparecidos desde el sábado 17 de febrero, poco después de las cinco de la tarde en la colonia El Barreal.
Además, desaparecieron los paseños Raymundo Ramírez Aguirre y su hijo Zauriel Ramírez Estrada, de 17 años, ambos nacidos en El Paso, Texas. Los cuatro fueron localizados muertos ese mismo día y sus cuerpos calcinados dentro de un vehículo.
Otro hombre reportado ausente y localizado muerto fue Delfino Sustaita García, de 59 años.
Los datos de la FGE indican que del primero de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2017 958 personas (801 hombres y 157 mujeres) fueron localizadas sin vida.
Los hallazgos fueron realizados en fosas clandestinas, campos abiertos, basureros, arroyos, barrancos y hasta autos calcinados.
“Cuando una persona está en calidad de desaparecida, la familia sufre de tal manera por ese hecho tortuoso que puede llegar a la locura”, dice la activista Norma Ledezma.
El dolor, explica, lo sufren los padres, hijos o hermanos; los que cuentan con un familiar desaparecido lo saben, por eso cuando se encuentra la persona, como osamenta, en cuerpo, hasta un hueso, y se le da la certeza a la familia de que es su ser querido esa angustia cambia, no termina el dolor pero cesa la tortura por pensar en cómo estará su ser querido”, agrega la directora de la organización civil Justicia para Nuestras Hijas.
Esta organización representa a las familias de  Leticia Guadalupe Luna Martínez, desaparecida el 6 de marzo de 1999; de Brenda Ivonne Ponce Sáenz, desaparecida el el 22 de julio del 2008; de Diana Rocío Ramírez Hernández desaparecida el 4 de abril del 2011 y de Brianda Cecilia Martínez Gutiérrez, desaparecida el 15 de junio de ese mismo año.
Además de Adriel Alonso Ávila Barrios, desaparecido junto a Adrián Favela Márquez, el 2 de octubre de 2012 y de dos hombres más.
“Nosotros representamos algunos casos porque son más de dos mil personas desaparecidas en Chihuahua y hay que buscar a esas personas, encontrar esos restos y entregarlos”, dice la activista.
Norma Ledezma expone que es necesario encontrar los restos de las personas ausentes para entregarlos a la familia y que ellos encuentren la paz.
“En algunas carpetas estamos buscando con el Ministerio Público que la investigación cese y que sólo se dedique a la búsqueda. Es decir, ya se agotó la investigación ahora hay que encontrar los cuerpos”, plantea.
Anteriormente Daniel Alejandro Durán, acompañante de la Red de Familiares con Desaparecidos de Paso del Norte, expresaba a El Diario que los familiares de las personas desaparecidas lo primero que siempre van a querer es encontrar a su pariente.
Pero una vez que lo encuentran, lo que buscan es saber por qué se lo llevaron, quién se lo llevó, justicia y el castigo a los culpables.
“Todo esto es integral, no podemos salir a buscar y encontrar restos, que también se debe de hacer y se hace, si no va a haber la capacidad de que eso entre a una carpeta de investigación realmente y que se lleve a una procuración de justicia; son vacíos que requieren respuesta desde la ley”, afirmaba.

La imperiosa búsqueda
Justicia para Nuestras Hijas es una de las principales organizaciones impulsoras de la creación de un grupo multidisciplinario de la FGE para la búsqueda de personas ausentes.
“Desde el 2010 era una constante petición, que se realizaran rastreos y búsquedas y sólo a partir de los últimos dos años ya se tiene un grupo más profesional con protocolos, equipo especializado, metodología, que antes estaba muy lejana de poseer”, dice la activista social.
La apuesta, dice Norma Ledezma, es que el Estado otorgue recursos necesarios para que el grupo multidisciplinario actual se fortalezca y realice el mayor número de búsquedas posibles, además de capacitar a los peritos de las otras zonas para extender los rastreos.
Esa búsqueda es lo que pide la familia Saldívar Rodríguez, que no se resigna a pasar más días y noches sin saber el paradero de Gabriel.

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