Juan de Dios Olivas/
El Diario de Juárez
El administrador de la Subsecretaría de Educación Eduardo García Ortega, solicitó facturas para justificar el pago retroactivo de compensaciones a un empleado de Comunicación Social al que se le retrasó la nómina, pero su conversación fue editada y tergiversada para afectar al Gobierno estatal, aseguró ayer el secretario de Educación y Deportes, Pablo Cuarón Galindo.
Lo anterior tras filtrarse el fin de semana un audio en el que García Ortega y otros empleados de la dependencia acuerdan justificar gastos con facturas para “darle dinero al Estado”, situación que es investigada por la Secretaría de la Función Pública estatal.
“…vamos metiendo facturas, te las respaldo yo y las respaldas tú, las respalda Judith y le notificamos al secretario para que esté transparente, ¿entiendes?”, dice presuntamente García Ortega al inicio de la grabación difundida en YouTube.
En el material, el funcionario conversa con un hombre al que le dice: “Porque cómo vamos a meter facturas, que no son, para poder sacar algo… la bronca es que ¿cómo nos facturas? Estás trabajando aquí y nos facturas tú mismo, que sea una persona diferente, a lo mejor un concepto, un evento, un evento, que rentamos un salón o que el consumo, o por ejemplo de camisetas…”.
Cuarón Galindo, señaló que el audio fue editado y se cortó el motivo por el cual el administrador solicitó facturas que era para pagar compensaciones a un empleado de Comunicación Social al que se le retrasó ese pago por cuestiones administrativas.
Señaló que el personal de esa área grabó la comunicación en agosto del año pasado y la filtró a la plataforma YouTube.
“Lo que nos dicen que esa conversación es larga, todo esto se genera porque no llegaban unas compensaciones que estaban prometidas y que desde Chihuahua estaba detenido en Hacienda; pasa una quincena y otra y se fue demorando por situaciones administrativas en Chihuahua”, dijo.
Explicó que cuando llegó el pago, no llegó en forma retroactiva, por lo que la conversación que se dio era para dar una solución a esa situación.
“Y como se hizo, era (lo que señalaba) la conversación y otra alternativa era contar con una factura para pagarlo, pero en la conversación se decía que tampoco se podría hacer, (ahí) se corta la grabación sin lo demás”, refirió.
Por esa situación se consideró que faltaron a la ética y se les pidió la renuncia, que es independiente a la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública para determinar si hay irregularidades.
“La conversación fue editada de tal manera que suena que hay una incriminación, una confabulación de hacer algo. Eso no es ni permitido ni ético, independientemente si se hicieron cosas irregulares, las investigaciones continúan y se tomarán medidas dependiendo de la gravedad”, apuntó.
Al margen de la explicación dada a conocer ayer y tras ventilarse el presunto tráfico de facturas en la dependencia, la Función Pública estatal dio a conocer que inició una auditoría a esa instancia.
Stefany Olmos, titular del órgano auditor, dijo que se abrió una indagatoria, y de encontrar irregularidades se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Sobre el caso, El Diario solicitó información a la Coordinación de Comunicación Social de la Zona Norte de la cual dependen los empleados involucrados, pero esa dependencia declinó emitir una postura.
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