Fernando Aguilar/
El Diario de Juárez
Caleb Raúl perdió el aliento el lunes 30 de octubre, después de que los golpes que le fueron propinados presuntamente por su padrastro lo llevaron agonizante al hospital.
El niño tenía apenas 2 años, la persona señalada como su agresor, 20. El día antes de su muerte había sido llevado por este hombre y la madre biológica a la unidad médica, pero fue demasiado tarde.
Caleb Raúl falleció en el hospital después de que nada pudieron hacer los médicos para salvarlo de las profundas contusiones infligidas por su padrastro, pero consensuadas al parecer por su mamá, según las indagatorias oficiales que constan en archivos periodísticos.
Así, antes de poder cumplir los tres años, este menor se sumó a las estadísticas que convirtieron a 2017 en el año más duro para la infancia chihuahuense de los últimos tres.
Este caso ilustra las condiciones que envolvieron el año pasado a este sector de la población, amenazado por homicidios, abandono y negligencia paternal.
Todo ello, señalan expertos, aderezado por una creciente influencia de las drogas y una corta visión en las políticas públicas que existen en la materia.
Datos preliminares del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) de la Secretaría de Salud federal revelan que entre enero y diciembre fueron dolosamente asesinados 16 niños y niñas que tenían desde algunos meses hasta 11 años.
Esta cifra representa un incremento del 60 por ciento en relación con los 10 que perecieron en las mismas circunstancias durante 2016 y el mismo número de 2015, señala la fuente, que concentra todas las muertes que ocurren en las entidades federativas.
Sólo detrás del Estado de México, estos números le confieren a Chihuahua el segundo lugar nacional en defunciones infantiles que son producto de agresiones.
Mientras Chihuahua se coloca a la cabeza de los otros estados en este plano, las circunstancias municipales para Juárez siguen la misma tendencia.
Siete homicidios de personas de hasta 11 años ubican a esta frontera como el municipio de México donde el año pasado fallecieron más niños y niñas de esas edades, por arriba de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que registra cinco.
“El año pasado notamos, sobre todo en nuestro trabajo en comunidad, situaciones bastante críticas en cuanto a los contextos en los que los niños y las niñas se desenvuelven, lo que tiene que ver con un contexto de mucha violencia”, advierte Ana Margarita Luna Flores desde la Red por la Infancia.
Crecen en ambientes hostiles
Una mirada a los reportes periodísticos del momento retraen al presente algunos casos de violencia ejercida hacia los menores.
Apenas una semana antes del caso de Caleb Raúl, que indignó a la sociedad fronteriza, un bebé de 7 meses había sido golpeado por la pareja sentimental de su madre.
Además, el 11 de octubre, Kimberly Dariana, de un año y tres meses, perdió la vida en una clínica tras sufrir una hemorragia interna producida por la paliza de la que fue víctima.
Dos casos más ensombrecieron el 2017: el 21 de agosto una niña llamada Victoria, de casi 2 años, fue acribillada durante un ataque armado dirigido a su padre y, previamente, el 27 de enero, Kenia, de un año y dos meses, había sido asesinada a golpes presuntamente por su madre.
El crecimiento de la violencia ejercida hacia las y los niños no sólo se percibe mediáticamente, sino que se refleja en las estadísticas.
La Dirección General de Información en Salud (DGIS) reporta que en 2014, 49 menores de hasta 11 años fueron referidos a las unidades médicas estatales por lesiones producto de la violencia familiar, de los que 4 (el 8.1 por ciento) corresponden a Ciudad Juárez.
En tan sólo dos años, este panorama cambió para mal de la niñez. En 2016, el número de pequeños referidos por esta causa subió a 77 en el estado, de los que 28 (el 36.06 por ciento) ocurrieron en esta ciudad.
En el caso de la frontera, la variación entre ambos valores es de 600 por ciento, según permite advertir un análisis de la información procedente de las estadísticas federales sobre Lesiones y Causas de Violencia, cuya última actualización es el año 2016.
Estos datos son alimentados por los sistemas estatales de salud de todas las entidades federativas y permiten conocer las atenciones brindadas a personas que sufrieron accidentes, agresiones, trata de personas o que se autoinfligieron lesiones.
Aumentan adicciones
Desde la perspectiva de Teresa Almada Mireles, directora de la Organización Casa Promoción Juvenil, la infancia vive hoy inmersa en condiciones de gran precarización y las redes de apoyo con las que cuentan son cada vez más inestables.
En la opinión de quien también es académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), lo anterior implica que esta población está frecuentemente expuesta a nuevas hostilidades.
Prueba de ello es que el año 2017 no sólo trajo más víctimas mortales y pequeños con lesiones atribuibles a la violencia familiar que los períodos anteriores, también dejó un número mayor de infantes consumidores de alcohol y mariguana.
En ese lapso, 116 menores de entre 5 y 11 años eran usuarios de los centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), instituciones operadas por la Secretaría de Salud de Chihuahua, unidades encaminadas a prevenir el uso y abuso de sustancias adictivas.
Con el alcohol como su principal droga de impacto, el 85.34 por ciento –99 de ellos– corresponden a Ciudad Juárez, consigna la última actualización del 29 de enero del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA).
Esta cifra de infantes consumidores de drogas casi triplica el número de casos del grupo etario de los 5 a los 9 años que los CAPA atendieron en 2016, cuando 42 fueron usuarios de estos servicios en las distintas regiones sanitarias del estado.
“Es resultado de la serie de abandonos y de soportes con los que no cuentan las familias”, señala Mariana Loya, directora de la organización Techo Comunitario.
Convencida de que las familias tienen cada vez menos soportes, la activista explica que estas carencias abren el paso a la omisión de cuidados, la disciplina con violencia y elevados niveles de estrés.
Lejos de aceptar el discurso que tradicionalmente atribuye el origen de todos los males a la inacción de los padres, Loya cree que el primer paso hacia la resolución del problema es dejar de culpabilizarlos y generar redes de apoyo que faciliten sus responsabilidades.
“No se trata de estigmatizar su papel, sino de crear estrategias y soportes para que puedan desempeñar un mejor rol parental y promover un desarrollo de las familias; no es desde un papel que juzga, sino del que crea soportes y genere habilidades para la crianza”, afirma.
‘Urgen políticas serias’
Además del abandono y la violencia que deben tolerar, los menores son acechados por otro factor que vuelve todavía más dura su existencia: la falta de sus padres o tutores arrebatados a manos de la violencia.
Almada Mireles está convencida de que los años de máxima inseguridad en Chihuahua, pero sobre todo en Ciudad Juárez, que se sitúan entre 2008 y 2012, dejaron profundas secuelas y procesos que en su mayoría quedaron sin cerrar.
La docente de la UACJ argumenta que todo ello contribuyó a producir en los infantes duelos que no concluyeron, condiciones de pobreza extrema, procesos de revictimización, resentimientos y deseos de venganza.
“Nos preocupa que esto se está mezclando con nuevos ciclos de violencia y no vemos que haya una política seria en este aspecto de ninguno de los tres niveles de gobierno. No hay una respuesta, ni siquiera una consciencia de todas las afectaciones que la violencia deja”, dice.
Almada Mireles sostiene que los niños y niñas que nunca fueron atendidos y que hoy son adolescentes son parte de nuevas formas de vinculación al narcotráfico.
También afirma que se han convertido en nuevos consumidores de drogas que naturalmente no cursan ningún tipo de estudios y tampoco son resguardados por ninguna institución pública o privada.
“En el suroriente hemos encontrado muchos niños que no van a la primaria. ¿Quién los atiende? Pasan todo el día en la calle. No hay una respuesta. Pareciera que tienen que llegar otra vez situaciones como las que vivimos para que realmente se voltee a ver esta dimensión humana”, lamenta.
Para Luna Flores, el modelo económico que trajo aparejado la industria maquiladora, donde los padres y madres se obligan a salir de casa para trabajar sin la posibilidad de cuidar a sus hijos, es en gran medida responsable de la crisis que hoy lastima a este sector de la población.
Pero también lo es la falta de visión en las políticas públicas gubernamentales, que no se enfocan en atender el problema desde su raíz, que son todas las dificultades que enfrentan ellos para dar sustento al hogar, opina.
“Bajo este modelo poco favorecedor se han dado todas esas dinámicas de violencia contra niños y niñas, pero además hay poca voluntad política para resolver esta situación, especialmente para las madres que laboran”, señala Luna Flores. (Fernando Aguilar / El Diario)
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