Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
Con una plantilla de 35 funcionarios inicia en Ciudad Juárez la Oficina Regional de Servicios Previos al Juicio, que estará a cargo de evaluar cuál es el riesgo que representan los detenidos que tienen derecho a enfrentar los procesos penales en libertad.
También debe supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares y de las condiciones que se imponen a los beneficiados con la suspensión de los procedimientos.
Refugio Ernesto Jáuregui Venegas, nombrado titular de la Oficina de Ciudad Juárez, explicó que los evaluadores van a analizar el entorno de los detenidos en las primeras 48 horas posteriores al arresto, a fin que el Tribunal de Control pueda imponer las medidas cautelares de una manera más informada.
Es decir, los evaluadores revisarán el entorno de quienes van a iniciar un proceso penal para conocer su arraigo en la comunidad, medir el riesgo que su libertad puede representar para el enjuiciamiento en función de si existe peligro de que se evadan de la acción penal, cuáles son las posibilidades de que comparezcan cuando el juez los llame, que no se acerquen a las víctimas y afectados del delito y que no alteren la investigación.
Ese informe se entregará en la primera audiencia al agente del Ministerio Público (MP), a la defensa y a los asesores de las víctimas para que durante la diligencia se presenten al Tribunal y esta autoridad decida qué cautelar va a imponer.
Jáuregui indicó que este trabajo no será una investigación criminal y sólo se implementará cuando los arrestados estén de acuerdo. Afirmó que en otras entidades donde se ha puesto en marcha el programa de Servicios Previos al Juicio, el 80 por ciento de los aprehendidos aceptan que se lleve a cabo la evaluación, porque les favorece para su libertad.
“La necesidad surge de hacer una evaluación precisa, real y completa de las circunstancias y el riesgo que representan las personas en un procedimiento penal. El objetivo es tener una idea clara y precisa de esas circunstancias para por ejemplo no enviar a prisión a imputados de delitos menores, como en un choque aunque el costo de ese accidente a lo mejor es alto esa persona no tendría el perfil para enviarlo a prisión… es para garantizar el debido proceso, los derechos tanto de las víctimas como de imputados lo que hace necesario el funcionamiento de esta área”, declaró.
Una vez que se haya impuesto la cautelar, los supervisores van a diseñar un plan individual para facilitar el cumplimiento de las medidas además de vigilar que acaten.
Cuando el Tribunal aprueba una salida alterna al proceso penal denominada “suspensión de proceso”, los supervisores de Servicios Previos al Juicio van a dar seguimiento para observar si los beneficiados están cumpliendo.
Estas tareas las venían llevando a cabo el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales pero no de forma puntual y desde hace un año prácticamente no había un seguimiento y el MP no tenía tiempo de verificar, indicó Jáuregui.
Los evaluadores y supervisores de Servicios Previos al Juicio pasaron por un proceso de selección y actualmente están siendo capacitados por la organización “Pro Justicia”, a través de cuatro módulos: evaluación de riesgos; supervisión de riesgos; derechos humanos y perspectiva de género y comunicación y grupos vulnerables, cada uno con una duración de 30 horas.
Anel Pineda Morín, capacitadora e integrante de “Pro Justicia”, señaló que en el país ya funcionan 31 unidades de Servicios Previos al Juicio que han logrado un cumplimiento del 90 por ciento de las medidas cautelares de las personas que enfrentan procesos penales en libertad.
Además refirió que el trabajo de los evaluadores y supervisores se debe realizar en campo y para que tenga éxito las unidades deben ser dotadas de equipo, como acceso a bases de datos e Internet y contar con autos. En el caso de Ciudad Juárez se está trabajando en la asignación de los recursos.
¿Qué analizarán?
• Arraigo en la comunidad
• Si hay peligro que se evadan de acción penal
• Que no se acerquen a las víctimas
• Si pueden alterar la investigación
* No será una investigación criminal y sólo se hará si el procesado lo acepta
bcarmona@redaccion.diario.com.mx