L. Sosa/D. Domínguez/
El Diario de Juárez
La Ley de Seguridad Interior significa que sólo se puede utilizar al Ejército previa solicitud de los gobernadores de los estados y la intervención no puede ser por más de un año, precisó ayer el general brigadier Bernardo Ramírez García, jefe de la Guarnición Militar en Juárez.
En medio del rechazo social y la condena de organizaciones internacionales a favor de los derechos humanos, el alto mando castrense aseguró que esta ley sólo dará certidumbre al actuar del Ejército Mexicano.
“Mucha gente cree que esta Ley es militar, pero no, es una Ley hecha por el Estado, no la hicimos nosotros; en esta Ley primero se está diciendo (a los gobernantes) que deben profesionalizar los cuerpos de seguridad pública y eso es algo que les se ha dicho en los últimos dos sexenios”, precisó.
Agregó que esta normatividad dice que se puede utilizar al Ejército previa solicitud de los gobernadores de los estados y si lo autorizan los Congresos de los Estados van a entrar los militares.
“Y no podemos estar más de un año. Yo no entiendo eso de la militarización, eso es meterles toques de queda, decirle a la población ‘no vas a hacer esto o aquello’; meterles una disciplina férrea”, especificó.
La Ley de Seguridad Interior legisla la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, explicó.
Recordó que la actuación militar obedece al mandato del presidente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas del país, como lo establece la Constitución Política Mexicana.
“Necesitábamos una ley que nos diera la certeza de poder trabajar, pero no quiero opinar de otras cosas, esto es por el bien de la sociedad, del pueblo de México”, afirmó el general.
Agregó que en Chihuahua y en específico al norte del estado, el Ejército ya trabaja con las autoridades civiles a través de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIM) y solo que aumenten actividades ilícitas, como el narcotráfico, ellos intervendrán en esas comunidades o municipios.
Esto ocurre en algunos lugares como la región del Valle, donde los municipios fronterizos de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero sufrieron la desarticulación de sus policías preventivas por los ataques de los grupos de la delincuencia organizada y descartó el patrullaje en las calles de Juárez.
“Nosotros vamos a continuar como hasta ahora, si hay algún evento (violento) vamos a ir con las FRIM, si vemos que se incrementan actividades en el trasiego de droga, vamos a aumentar los efectivos si disponemos de ellos en regiones como el Valle que es de las comunidades con mayor trasiego”, refirió.
El general dijo que en la frontera el Ejército Mexicano sigue realizado las mismas actividades y las mismas coordinaciones interinstitucionales.
“Y solo cuando se vean rebasadas las fuerzas de seguridad pública y el gobernador del estado lo solicite ante el Congreso estatal y se autorice entrará el ejército, pero no a atropellar, no, va a entrar en labores preventivas a instaurar la paz que tanto se merece la población”, agregó.
En Juárez aún está en la memoria colectiva la Operación Conjunta Chihuahua. En el lapso en el que la frontera fue militarizada, soldados fueron los presuntos responsables de, al menos, ocho asesinatos de civiles. Entre las víctimas se encuentran, incluso, elementos de la entonces Policía Ministerial Investigadora.
El Ministerio Público declinó estas carpetas de investigación ante la Procuraduría de Justicia Militar, que ya se ha identificado a varios militares como presuntos responsables.
lsosa@redaccion.diario.com.mx