F. Aguilar/J. Olmos/
El Diario de Juárez
Ciudadanos inconformes con la Ley de Seguridad Interior salieron a las calles a protestar contra el ordenamiento que legaliza la presencia militar en tareas de seguridad pública.
Señalaron que esa norma, avalada el viernes por el Congreso, es de corte represivo y vulnera los derechos civiles y políticos de las personas.
Agrupados algunos en organizaciones sociales y otros de forma independiente, alrededor de 40 activistas subieron ayer al mediodía a la joroba del puente internacional Paso del Norte, en el Centro de la ciudad, donde ocuparon los dos carriles de la derecha para protestar.
En tanto que otro grupo se concentró en la Plaza del Periodista, también en el primer cuadro de la ciudad, para levantar firmas con miras a ‘tumbar’ la ley.
“La presencia del Ejército en las calles va más allá de este supuesto combate al crimen organizado que en los hechos no se da”, dijo Julián Contreras Álvarez, uno de los manifestantes en el puente. “La criminalidad de cuello blanco no se combate; no se combate a narcopolíticos y narcoempresarios”.
El flujo de vehículos no se vio afectado por la manifestación.
Los simpatizantes del movimiento llevaban pancartas con mensajes para apoyar su causa y llamaban la atención de quienes cruzaban por el puente internacional.
Desde su perspectiva, la militarización responde a “la necesidad de mantener un control social y una política de miedo”.
“Esta política de militarización va enfocada para reprimir, disparar, inhibir las protestas sociales que son un derecho constitucional y de esa manera mantener la conformidad”, dijo Contreras Álvarez.
Aseguró que los participantes se reunieron en días pasados con el fin de organizar las manifestaciones en contra de la ley.
Algunos de ellos dijeron pertenecer a grupos como el movimiento magisterial Resissste y simpatizar con el partido Morena.
Luego de poco más de un año de discusión, entre protestas y el desacuerdo por parte de la ONU, la CNDH, académicos, organismos empresariales, activistas y hasta artistas, el Congreso aprobó el viernes la Ley de Seguridad Interior que faculta al Ejército para realizar labores de policía en las calles.
El aval a la nueva ley considerada inconstitucional, desató reacciones en contra, en las que se exige al presidente Enrique Peña Nieto, quien tiene la última palabra sobre dicha disposición, a que la vete.
En protesta, un grupo de ciudadanos inconformes se concentró ayer en la Plaza del Periodista, con el propósito de levantar firmas contra la ley.
Irma Castañón, quien encabezó a los manifestantes, dijo que con este acto reprochan al Gobierno federal y a los legisladores la aprobación de la ley que da mayores facultades al Ejército para intervenir en las calles.
Mencionó que será un movimiento permanente todos los sábados hasta colectar 2 mil firmas que se enviarán al centro del país, donde otros activistas están protestando por la misma causa.
En total, comentó, se necesitan 35 mil firmas para poder “echar abajo” la nueva ley. Tienen esperanza porque “toda ley es revocable”, expresó.
“Estamos en contra de la Ley de Seguridad Interior, no queremos que el Ejército patrulle la ciudad porque de antemano sabemos que los militares no entienden razones y actúan sobre órdenes”, dijo Castañón.
En el plantón participaron unas 30 personas y en las consignas mencionaron que, si ya durante la guerra contra el narcotráfico impulsada por el expresidente Felipe Calderón le fue mal a los juarenses con la militarización de la ciudad, “¿qué nos puede esperar ahora?”.
“Si en el 2008 y el 2010 se hicieron desmanes, sabemos que vienen cosas peores”, auguró la activista, quien agregó: “No queremos una militarización como en Venezuela y Honduras, no debemos permitirlo”.
Dijo que aunque la ley ya se aprobó en el Congreso, tienen tres meses para que se revoque.
“Además de este plantón, que es el símbolo de la libertad de expresión, vamos a levantar firmas, es una labor de convencimiento para que vean la magnitud del problema que se nos viene encima”, externó.
En la actividad, los manifestantes señalaron que todas las reformas implementadas en la actual administración federal perjudicaron al pueblo y advirtieron que detrás de esta nueva ley se quiere acallar las voces de inconformidad que surjan tras las elecciones federales de 2018. (Fernando Aguilar, Javier Olmos / El Diario)
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