Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
Los exalcaldes Enrique Serrano y Javier González Mocken analizan la posibilidad de una estrategia de defensa conjunta ante los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre daños a las finanzas del Ayuntamiento por el Plan de Movilidad Urbana.
En entrevista, ambos refirieron que estudian el dictamen del Congreso del Estado que mandata a la ASE iniciar procedimientos civiles, penales o administrativos contra los funcionarios que resulten responsables por afectaciones a la hacienda pública.
Serrano, presidente municipal de Juárez de octubre de 2013 a diciembre de 2015, refirió que ha sostenido comunicación con González Mocken sobre los resultados de la auditoría al Fideicomiso del Plan de Movilidad Urbana (PMU) de la cuenta pública 2016, donde se realizaron 33 observaciones que indican posibles desfalcos a las finanzas municipales.
“He tenido contacto nada más con el licenciado González Mocken, con el ingeniero Héctor Murguía todavía no, ando fuera de la ciudad, regresando lo voy a buscar. Estamos en la etapa de estudio y todavía no hemos tomado una decisión al respecto, no sabemos si lo habremos de atender juntos. Será en unos días más adelante”, afirmó.
Entre las irregularidades detectadas está una diferencia de más de 58 millones de pesos entre el gasto estimado por el Municipio y el determinado por la instancia fiscalizadora.
Otras observaciones indican que el Municipio licitó más obras de las que el Congreso autorizó, que se pactaron modificaciones no permitidas entre el Gobierno de la ciudad y los proveedores y que se entregaron contratos a empresas que no cumplían con las condiciones de las bases de la licitación.
La ASE determinó que la deuda adquirida por Ciudad Juárez para el PMU aumentó en 3 mil 200 millones de pesos respecto del monto autorizado por el Congreso, por lo que los diputados avalaron abrir procesos judiciales contra exfuncionarios municipales.
El dictamen señala que los servidores públicos responsables del proyecto, en los gobiernos de Serrano, González Mocken y Héctor Murguía presuntamente incumplieron, entre otras cosas, con la legalidad.
Serrano Escobar dijo ayer que le tomó por sorpresa la resolución del Congreso ya que la fracción parlamentaria del PRI conoció un dictamen en el que se aceptaban las respuestas brindadas por el Municipio a las observaciones hechas por la Auditoría a las irregularidades detectadas en el PMU.
“Las diputadas del PRI habían visto un proyecto donde se aceptaban todas esas respuestas, de repente se cambió drásticamente la respuesta del Congreso y ahora ya no aceptó ninguna de las respuestas, el 100 por ciento de las respuestas fueron rechazadas entonces eso es muy raro, no es muy común y nos tomó por sorpresa a todos”, declaró.
A pesar de las críticas y señalamientos, Serrano consideró que el PMU significó un gran avance para la ciudad, al sustituir el asfalto por concreto hidráulico lo que, apuntó, disminuyó las afectaciones por lluvias e inundaciones.
De momento, indicó Serrano, no ha considerado la posibilidad de ampararse en caso de que haya algún procedimiento civil, penal o administrativo en su contra.
Estaba terminado cuando yo llegué: González Mocken
Javier González Mocken, presidente municipal interino de diciembre de 2015 a octubre de 2016, hizo hincapié en que durante su gestión ya estaban firmados los contratos y convenios del Plan de Movilidad.
“El PMU estaba terminado cuando yo llegué, así ya estaba, con las condiciones puestas”, mencionó el exalcalde.
Al igual que su antecesor, González Mocken sugirió que la decisión del Congreso de instruir a la ASE para fincar responsabilidades obedece a intereses políticos.
“Siempre en tiempos electorales salen más cosas por intereses políticos, es más el puro interés que lo que pueden comprobar”, afirmó.
Dudó de que el informe de la Auditoría encuentre a su administración responsable de los cambios hechos en años anteriores, como 2014.
“Si siguen haciendo así las auditorías, los presidentes municipales de tres o cuatro administraciones también van a ser responsables, y eso no puede ser. Armando Cabada entonces también va a ser responsable, ¿también la Auditoría lo va a señalar”, cuestionó.
Héctor Murguía, cuya administración impulsó el PMU, no respondió a las solicitudes de entrevista. (Itzel Ramírez / El Diario)
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