Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
La Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó que la deuda adquirida por Ciudad Juárez para el Plan de Movilidad Urbana (PMU) aumentó en tres mil 200 millones de pesos respecto del monto autorizado por el Congreso, por lo que los diputados avalaron abrir procesos judiciales contra exfuncionarios municipales que dañaron la hacienda pública.
El dictamen de la cuenta pública realizado al PMU por la ASE señala que los servidores públicos responsables del proyecto, en los gobiernos de Héctor Murguía, Enrique Serrano y Javier González Mocken, presuntamente incumplieron, entre otras cosas, con la legalidad.
En el documento se señala que se hicieron modificaciones a los contratos sin autorización del Congreso, ajustes financieros, además del aumento del IVA que provocaron que la deuda pasara de 2 mil 112 a 5 mil 337 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado determinó que el crecimiento de la deuda viola lo dispuesto por la Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado de Chihuahua.
El exalcalde Murguía, en cuya gestión se inició el PMU, no se ha pronunciado sobre la decisión del Congreso de ir contra responsables de las presuntas anomalías detectadas. Serrano y González Mocken coincidieron en que es un asunto político.
La observación III.1.2.10 del análisis de la ASE dice que en marzo de 2015, el Municipio autorizó la cancelación de 16 obras, por un monto de 236 millones, 192 mil 225 pesos.
“Con la cancelación de estas obras no se ve disminuido sustancialmente el importe a total a pagar de las obras, ya que existen adictivas y deductivas a las obras, aunado a lo anterior, el IVA pactado inicialmente era del 11 por ciento y aumentó al 16 por ciento…”
“lo anterior en inobservancia a lo establecido en los artículos 7 fracción III, 10 fracción IV, 15 fracción I, IV 19 fracción IV y 51 de la Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado de Chihuahua”, explica el informe.
Las modificaciones a los contratos, que permitieron que en los montos a pagar a los proveedores se hicieran ajustes financieros y aumento de IVA, causaron que la deuda del PMU aumentara los 3 mil 200 millones de pesos, pagaderos en 20 años por el Municipio, que comprometió sus participaciones federales como garantía de pago a Ban Bajío, tenedor de la deuda.
Fuentes de la Comisión de Fiscalización explicaron que una de las conductas ilegales que más se utilizó en la ejecución de las obras del PMU fue presuntamente la de firmar convenios modificatorios a los contratos originales, todo ello sin la aprobación del Congreso, cuya autorización era necesaria para cada cambio debido al monto del proyecto. Según apuntó la ASE, el convenio pactado originalmente en el PMU no establece un pago de IVA al ajuste financiero, y que éste sería absorbido por el inversionista, sin que los costos afectaran al Municipio. Los convenios modificatorios pasaron los costos a la ciudad.
Los resultados de la fiscalización al PMU asentaron 33 observaciones, cada una referida a una o varias irregularidades que podrían constituir un daño a la hacienda pública estatal y municipal en un monto todavía no cuantificado.
La observación III.1.2.8 ejemplifica otra irregularidad en el PMU, que afectó al Municipio por 494 millones de pesos.
En marzo de 2014 el Municipio autorizó, de nueva cuenta sin permiso del Congreso, un convenio modificatorio que permitió un pago de 66 millones 398 mil 477 pesos a la empresa ejecutora de las obras (Movicon Infraestructura y Pavimentos SA de CV).
“Este importe es observable toda vez que va en detrimento a las finanzas públicas del Municipio, en relación al total a pagar a los 20 años según lo pactado originalmente en el contrato de inversión pública a largo plazo… por lo que de acuerdo a la información que fue obsequiada por las autoridades municipales en la presente revisión se determinó por parte de auditoría que se generó un beneficio futuro a la empresa por $494,722,185.93 monto que afecta negativamente a las finanzas públicas del municipio”, se lee en el dictamen, aprobado el jueves pasado en sesión ordinaria del Congreso.
Al ser requerido como ente fiscalizable, el Municipio rechazó la mayoría de las observaciones, bajo el argumento de que los hechos señalados por la Auditoría se refieren a años anteriores al 2016, el que corresponde a la cuenta pública analizada.
Sin embargo, el Congreso, al revisar el informe, determinó que las observaciones eran procedentes y posibles constitutivas de un delito, ya que al 2016 la millonaria deuda del PMU sigue generando erogaciones y, en consecuencia, daños a las finanzas municipales.
“De acuerdo con la información que fue entregada por las autoridades municipales en la presente revisión y que son parte de los actos continuados que hasta el ejercicio fiscalizable son observables, derivados de que existen erogaciones en el año 2016”, consideró el Legislativo.
Sobre esto, desde el mismo jueves que el Congreso autorizó ir contra responsables de anomalías señaladas por la ASE, el exalcalde González Mocken aseguró que su administración (2015-2016), dio respuesta correcta en tiempo y forma a los señalamientos sobre el Plan de Movilidad que le correspondieron a su gestión.
Sobre los señalamientos a anteriores administraciones él tenía entendido que en su momento fueron aclarados.
Las obras del proyecto de Movilidad arrancaron en enero del 2013 durante la administración de Murguía Lardizábal (2010-2013) y continuaron en la gestión de Serrano (2013-2015). (Itzel Ramírez / El Diario)
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