Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
El Congreso estatal autorizó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciar los procedimientos ante autoridades judiciales para que se castigue a los servidores públicos que dañaron la hacienda pública por anomalías en el Plan de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez.
Entre las irregularidades detectadas por la ASE está por ejemplo una diferencia de más de 58 millones de pesos entre el gasto estimado por el Municipio y el determinado por la instancia fiscalizadora. La observación se hizo tras la revisión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Otras observaciones indicaron que el Municipio licitó más obras de las que el Congreso autorizó, que se pactaron modificaciones no permitidas entre el gobierno de la ciudad y los proveedores y que se entregaron contratos a empresas que no cumplían con las condiciones de las bases de la licitación.
“Existe una diferencia de 58 millones 861 mil 377 pesos entre el gasto estimado por el Municipio y el costo determinado por esta Auditoría Superior. Se determinaron diferencias de precio unitario”, indica la ASE.
“En base a lo señalado anteriormente, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua determina que existen elementos suficientes que permiten presumir irregularidades administrativas causadas por servidores públicos adscritos al Ente fiscalizable”, menciona el informe.
En el análisis de la fiscalización realizada al Fideicomiso N° 11630-06-160 para el Proyecto de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez, el Legislativo consideró además no subsanadas las respuestas que dio la autoridad municipal respecto de la revisión de la cuenta pública 2016, donde se encontraron diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos.
Patricia Inés Salinas, contralora del Municipio, recordó que a la actual administración, encabezada por el alcalde Armando Cabada, le corresponde la responsabilidad administrativa o penal de los recursos erogados a partir del 10 de octubre de 2016, por lo que los funcionarios involucrados en el reporte de la ASE se refieren a los gobiernos encabezados por los priistas Héctor “Teto” Murguía, Enrique Serrano y Javier González Mocken.
La funcionaria afirmó que el Municipio tiene en curso una auditoría al Fideicomiso para determinar el estado del mismo y si se requiere rescindir algunos de los contratos firmados en el PMU.
“Nosotros no podemos rescindir algún contrato sin tener elementos reales, no contamos con información suficiente para determinar eso porque no se hizo una entrega-recepción sobre este tema. No hemos podido detener el pago sin tener elementos y mientras esté la auditoría abierta no podemos dar más datos”, aseguró.
La auditoría y fiscalización al Fideicomiso del PMU obedeció a una instrucción girada por el Congreso a la ASE para realizar una revisión especial y determinar si en la ejecución de las obras había irregularidades, ya que en 2014 y 2015 únicamente se realizó una inspección a los estados financieros del proyecto.
Los diputados aprobaron el dictamen a la revisión de 2016 con una votación de 17 a favor y 9 en contra.
“Las observaciones detectadas en el Informe Técnico de resultados del ente fiscalizable denominado Fideicomiso N° 11630-06-160, para el Proyecto de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez, Chihuahua por el ejercicio 2016, pueden generar responsabilidad de carácter administrativo, civil o penal.
“Por tanto en los términos del Art 40, 41 y 42 de Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y 83 ter de la Constitución Local, se da vista a la Auditoría Superior del Estado para que sin dilación alguna inicie los procedimientos civiles, penales o administrativos respectivos, para que se ejerciten las acciones legales que correspondan en contra de los funcionarios y servidores públicos a los cuales les resulte responsabilidad”, indica el dictamen. (Itzel Ramírez / El Diario)
iramirez@redaccion.diario.com.mx
@