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El Diario de Juárez
Un agente adscrito a la Policía Ministerial Investigadora (PMI) fue detenido y presentado ante un Tribunal de Control acusado del delito de violación con penalidad agravada al parecer cometido en perjuicio de su hijastra de 12 años.
Contra el servidor público Adrián Valero Molina se ejecutó una orden de aprehensión en la ciudad de Chihuahua y fue trasladado a esta frontera para formularle cargos legales por el delito de violación con penalidad agravada, por parte de agentes del Ministerio Público (MP) de la Unidad de Control Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la que pertenece la PMI.
De acuerdo con la formulación de cargos, los hechos sucedieron el pasado primero de noviembre en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Roma cuando la madre de la víctima y esposa de Valerio Molina se encontraba laborando.
Además de ese hecho, la víctima denunció que el policía ministerial también le realizó en otras fechas tocamientos lascivos en sus partes íntimas.
El presunto suceso ocurrió el primero de noviembre fue clasificado por los fiscales como constitutivo del delito de violación con penalidad agravada contemplado en los artículos 172 fracción II y último párrafo y 175 en el inciso II del Código Penal del Estado de Chihuahua.
El primero de los artículos refiere “se aplicarán de seis a 20 años de prisión a quien”, fracción II “introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo”.
Además en el último párrafo se indica que si se hubiera ejercido violencia física o moral, la anterior pena se aumentará en una mitad.
La agravante referida en el Artículo 175 fracción II se refiere a que al cometer el delito se quebrantó la fe que expresa o tácitamente existía entre la víctima y el acusado.
La formulación de cargos se realizó el miércoles pasado y ayer iba a iniciar la audiencia de vinculación o no a proceso pero el abogado defensor del agente ministerial solicitó que se agotara la duplicidad del término constitucional, es decir las 144 horas o seis días que prevé la Constitución Mexicana para que se resuelva la situación jurídica de cualquier detenido.
Ayer el juez Ramón Porras Córdova fijó la diligencia para el próximo lunes a las 11:00 horas.
A Valero Molina se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de un año.
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