Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
Un Tribunal de Control dictó auto de no vinculación a proceso penal a los tres agentes de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) acusados del delito de cohecho en perjuicio de un locutor, al determinar que la clasificación del delito que hizo el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal es incorrecta.
El juez Rafael Rosado Arcudia, señaló que de los datos aportados por el fiscal a cargo de la carpeta de investigación, se desprende que el ilícito en el que posiblemente incurrieron los elementos Gumercindo Gandarilla Rubio, Julio Ezequiel Peinado Gutiérrez y Eduardo Arredondo Olivas, fue extorsión no cohecho.
Además consideró que en materia penal debe haber una aplicación exacta de la ley y no similitudes, por lo que determinó no sujetar a proceso penal a los servidores públicos y levantó las medidas cautelares que se les habían impuesto en una anterior diligencia, que eran la separación de sus cargos y no acercarse a la víctima, Elías García Ramírez.
Además el titular del Tribunal de Control señaló que la víctima se encuentra en riesgo y conminó al fiscal a que impusiera medidas de protección a favor de él, en la misma diligencia. “Aquí están presentes los señores imputados, proceda”, ordenó Rosado.
Ante la instrucción, el representante social señaló “en calidad de agente del MP y bajo un estándar de estricta responsabilidad, se acuerda lo siguiente: la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima; no acercarse a su domicilio particular y laboral; la prohibición de intimidar al ofendido y a sus padres, así como a los compañeros de trabajo, quienes al parecer tienen la calidad de testigos; vigilancia a los domicilios y auxilio mediante un botón de pánico”.
El representante social indicó que desde el pasado 4 de octubre se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que haga ‘rondines’ en el sector donde vive la víctima y se instaló un botón de pánico en la casa.
En la acusación formulada contra los agentes de la PMI adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), por parte del MP que también pertenece a la misma corporación, se señala que el pasado 3 de octubre a las 17:30 horas en las calles Francisco Pimentel y División del Norte y en su carácter de servidores públicos, los policías solicitaron dinero al locutor Elías García.
Presuntamente los elementos le exigieron al civil 4 mil pesos para dejar de cumplir con su función, ya que el vehículo de García presuntamente presentaba un holograma del Estado de Texas falso.
El fiscal a cargo también dijo que García entregó 500 pesos y después los tres agentes acudieron hasta la radiodifusora Radio Cañón, ubicada en las calles Costa Rica e Insurgentes, donde labora Elías García para recoger el resto del dinero.
Pero ayer el juez Rosado Arcudia señaló que con esa formulación se desprende que los ministeriales amedrentaron al locutor para obtener dinero.
Consideró que Gandarilla Rubio, Peinado Gutiérrez y Arredondo Olivas no estaban en funciones, más bien tenían la cualidad de ser agentes ministeriales y la presunta utilización de un holograma falso no constituye un delito que pudiera haber derivado en una detención.
“Amagado con ser privado de su libertad se obtuvo al menos la cantidad de 500 pesos… más que un cohecho la intención era coaccionarlo anímicamente para vencer su resistencia y con ello obtener 500 pesos. Al no encontrarse reunidos los elementos del tipo penal se dicta auto de no vinculación a proceso”, aseveró el juez en una audiencia realizada ayer en la décima sala de los juzgados.
Los elementos intentaron que la audiencia fuera privada, le plantearon la petición al secretario de sala y él colocó un anuncio en la puerta del recinto informando que se trataba de una audiencia privada. Por lo que los agentes de la Policía Procesal impidieron el paso a la audiencia durante unas dos horas.
Hasta que se decretó un receso fue posible que los interesados solicitaran al juez que permitiera el ingreso a la sala y él señaló que se trataba de una diligencia pública, ya que no existían razones para que la diligencia fuera privada. (Blanca Carmona / El Diario)
bcarmona@redaccion.diario.com.mx