S. Castro/J. Olivas/
El Diario de Juárez
Por medio de un desplegado dirigido al gobernador del estado, Javier Corral Jurado, los abogados y la familia del exsecretario de Desarrollo Social, Hugo Almada Mireles, exigieron una resolución estrictamente apegada al Derecho de la denuncia por actos de supuesta discriminación, violencia laboral y violencia institucional formulada en su contra por Elvira Urrutia Castro que concluyó aparentemente con la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Ante el reclamó, el Gobierno del Estado guardó silencio ayer y en Ciudad Juárez, Enrique Torres Valadez, coordinador de Comunicación Social de la Zona Norte, ante los requerimientos de información a la Función Pública estatal, respondió que sería en la ciudad de Chihuahua donde a través de un comunicado de prensa, esta misma dependencia respondería a las inquietudes de los Almada Mireles.
“Para sorpresa nuestra, tratándose de un gobierno que se ha presentado con credenciales de democracia, transparencia y legalidad, el procedimiento 23/17 relativo a la investigación de dicho caso, ha estado plagado de irregularidades y arbitrariedades”, señalaron en el desplegado que se publicó ayer.
El documento fue firmado por los abogados Luis Antonio Corral Ibarra y Nohemí Almada Mireles e integrantes de la familia Almada quienes señalan que se sienten agraviados.
Expresaron que es, de hecho, un proceso viciado de origen, pues su representado fue condenado a la sanción más significativa que pide la demandante, sin que el proceso hubiera iniciado, y sin haber sido notificado, en violación flagrante y total de los derechos de presunción de inocencia y de que el acusado conozca mínimamente de qué se le acusa, así como de proveerse los medios adecuados de la defensa.
“La acusación se acompañó por una acusación absurda, sin pruebas y abiertamente difamatoria de haber desviado 30 millones de pesos, proceso en el que se implicó a otros miembros de la familia. La separación del cargo se realizó al día siguiente de que la familia Almada le pidió públicamente el esclarecimiento de los hechos, investigación que no se ha realizado”, se lee.
Expresaron que no existe un solo elemento que pudiera acreditar los supuestos actos denunciados, y sí en cambio quedan debidamente acreditadas mentiras flagrantes y contradicciones tanto de la denunciante como de varias/os de los testigos.
También pidieron que se revise el expediente y en caso de existir abuso de autoridad, parcialidad o irregularidades, se proceda contra los funcionarios responsables.
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