I. Ramírez/S. Castro/
El Diario de Juárez
El Gobierno del Estado debe iniciar una investigación para determinar el origen y participantes del video en el que una mujer con los ojos vendados y acompañada de cuatro hombres armados, acusa al gobernador Javier Corral de proteger a un narcolíder, señalaron legisladores y abogados.
Más que descalificar el contenido de manera inmediata, el Estado está obligado a averiguar la veracidad del video, coincidieron los diputados Pedro Torres, de Morena, e Isela Torres, del PRI.
“Se tiene que hacer un análisis de seguridad en la Fiscalía (General del Estado) para que vean si se puede seguir el rastro, quién lo subió a la plataforma, quién lo realizó, si se puede identificar a alguna de las personas que participan en ese video”, dijo la diputada Torres, coordinadora de la fracción parlamentaria del tricolor en el Congreso del Estado.
Señaló que el Gobierno debe contar con las herramientas necesarias para extraer información clave sobre el video y a partir de ello establecer qué tan serias y veraces son las acusaciones que en él se vierten.
La legisladora criticó que, antes de hacer una averiguación científica, desde el Gobierno del Estado se descalifique el contenido del video y a El Diario de Juárez, uno de los medios de comunicación de la entidad que difundió el material.
“Siempre lo que se debe privilegiar es el derecho que tienen ustedes de publicar y dar la información en cuanto está, ya sea en las redes sociales y yo creo que ahí hay un poco de cuestión personal, eso no ha permitido que (en el Gobierno) lo vean de una manera con más frialdad y que vean la posibilidad que con la información científica que puedan recibir de alguien que sepa si pueden identificar las voces”, manifestó la priista.
En el mismo sentido se pronunció Pedro Torres al solicitar una investigación sobre un video que, dijo, es desestabilizador y pone en riesgo la gobernabilidad en el estado.
“El hecho de que el video se haya hecho público a través de las redes o a través de los medios de comunicación implica que se debe hacer una investigación seria por parte de las autoridades, para determinar la veracidad del mismo y determinar quién está detrás de ese video, porque finalmente es un video que considero desestabilizador y es un video que provoca problemas a la convivencia y gobernanza”, aseguró el representante de Morena.
Agregó que corresponde a la FGE investigar el material audiovisual y encauzar lo que de él se obtenga.
La legisladora Blanca Gámez dijo que, dadas las condiciones de la mujer que acusa, de entrada se trata de un video carente de cualquier tipo de credibilidad.
“Es el testimonio de una persona que no se le puede dar crédito porque no tiene credibilidad. No puede darle uno ni la dimensión ni la credibilidad a ese video cuando ve uno que esa persona que está declarando bajo presión, que está esposada, con gente armada”, mencionó Gámez, del PAN.
Las acusaciones en contra del gobernador del estado, Javier Corral y el alcalde del municipio de Madera, Jaime Torres Amaya de que apoyan al presunto narcotraficante conocido como “El Jaguar”, deben de ser investigadas por la autoridad, coincidieron también abogados.
“Está obligada la autoridad a investigar el video aunque parezca que el mismo está preparado porque a la mujer no se le ve con temor y las preguntas y respuestas están ensayadas; la fémina contesta a todo”, consideró Antonio Rivera Velarde, comisionado del Área Penal de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.
Destacó que es muy grave y desafortunado que el Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Antonio Pinedo Cornejo, esté imputando a un diario que se haya convertido en portavoz del crimen organizado.
“Hay un derecho fundamental que es el derecho a la información; El Diario está en lo correcto porque éticamente dieron la información como les llegó el video. Tendrá que acreditar Pinedo que El Diario se convirtió en vocero del crimen organizado ya que se está atreviendo a asegurar algo que no puede probar”, expresó.
Señaló que el vocero manda una mala señal porque está coartando el derecho que tiene el periodista de difundir la información en su ejercicio profesional a los lectores y el derecho que tiene la ciudadanía de recibir la información.
Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, expresó que definitivamente la autoridad está obligada a investigar el video y cualquier otra denuncia que se haga y no nada más contra autoridades y políticos, sino contra cualquier ciudadano por la comisión de algún ilícito.
Opinó que El Diario hizo un manejo y planteamiento responsable de esa información que después la difundió toda la prensa local y nacional.
“El Diario hizo un buen planteamiento porque no puede eludirse el hecho de que el video se difundió; el gobernador debe sensibilizarse más y entender lo nocivas que son a veces las declaraciones de testigos desprotegidos porque eso fue lo que pasó, está declarando una testigo desprotegida, aunque da toda la impresión de que no puede ser confiable”, expresó.
Sergio Conde Varela, abogado y coordinador de la asociación civil Patria Nueva, coincidió en señalar que la autoridad está obligada a investigar el origen del video y además el contenido del mismo donde se hace el señalamiento contra el gobernador y el alcalde del municipio de Madera.
“Primero se debe de investigar de dónde salió el video, quién lo envió a la plataforma de YouTube y además el contenido del mismo que a mi parecer está sobreactuado e incluso es similar a otro que fue subido hace años por la forma como habla la persona que interroga a la mujer”, expresó.
Conde Varela consideró que fue desafortunada la declaración del vocero de Gobierno del Estado, o en su caso que aporte las pruebas de que El Diario se convirtió en portavoz del crimen organizado e incluso no le da el derecho de defenderse.
Agregó que las autoridades tienen la obligación de responder a los ciudadanos sobre sus necesidades y una de ellas es la seguridad. (Itzel Ramírez, Salvador Castro / El Diario)
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